Rosa Aranda/DPA
Según Merkel, ese cambio legal es "la única alternativa" que le queda a Alemania para salvar a aquellos bancos, como el vapuleado Hypo Real Estate (HRE), que podrían poner en peligro la totalidad del sistema.
Berlín, Alemania.- El gabinete de gobierno de la canciller alemana, Angela Merkel, aprobó hoy una enmienda de ley que por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial abre el camino a la nacionalización temporal de bancos que se encuentren en una situación extrema por la crisis financiera internacional.

Según Merkel, ese cambio legal es "la única alternativa" que le queda a Alemania para salvar a aquellos bancos, como el vapuleado Hypo Real Estate (HRE), que podrían poner en peligro la totalidad del sistema.

"El gobierno de Berlín se comprometió internacionalmente a no permitir que ninguna entidad financiera que pudiera poner en peligro el sistema cayera en la insolvencia, recordó. "El caso de Lehmann Brothers no puede repetirse".

De hecho, el el borrador de ley se redactó a medida del banco hipotecario HRE, que quedó al borde de la quiebra por la crisis financiera internacional y que aunque necesita más ayuda, ya recibió 102.000 millones de euros (131 mil millones de dólares) entre inyecciones de capital y garantías estatales del Fondo de Estabilización de los Mercados Financieros (SoFFin), lanzado en octubre por el ejecutivo de Berlín.

El ministro alemán de Finanzas, Peer Steinbrück, recalcó que el proyecto de ley tiene como único objetivo proteger a los contribuyentes y poner las bases para superar la crisis financiera, y garantizó que "nadie en el gobierno está cuestionando la economía social de mercado".

Con ello Steinbrück rechazó las numerosas críticas que apuntan a que con la ley de expropiaciones el Estado busca una mayor influencia en la economía y recordó que en otros países como Irlanda, Estados Unidos y Reino Unido se ha optado por la nacionalización de bancos como medida para estabilizar los mercados financieros sin ningún tipo de recelos.

El proyecto de ley aprobado en Berlín permitirá lanzar procesos de expropiación hasta el 30 de junio y materializarlos hasta finales de octubre. "Con ello se deja claro que la opción de la nacionalización como medida para la estabilización no es a largo plazo, sino sólo para superar la crisis financiera", se indica en el texto.

Además, la ley sólo se aplicará a compañías que hayan pedido o quieran pedir las prestaciones del SoFFin, recalcó Steinbrück, quien además garantizó que las empresas nacionalizadas se privatizarán en cuanto su situación se estabilice y mejore, y sus accionistas serán indemnizados.

De todas formas, el texto deja bien claro que la expropiación de los accionistas es sólo el último recurso para salvar los bancos en dificultades. Antes de tomar esa decisión, el Estado ha de agotar el resto de opciones para asumir "la mayoría de control" de una entidad financiera en peligro.

Por ello, aunque el nuevo borrador de ley allana el camino a la nacionalización parcial del HRE, él único que tiene en miras el Ejecutivo de Berlín, según Steinbrück, resulta incierto cómo se realizará.

La enmienda todavía ha deser sancionada hasta el 3 de abril en las Cámaras baja y alta del Parlamento alemán, el Bundestag y el Bundesrat, y una vez superados esos pasos se han de proponer y acordar las medidas para sacar a flote el banco en una asamblea de accionistas del HRE.

Sólo si en dicho encuentro no se llega a un acuerdo con los accionistas, tendrá que recurrirse a "la última opción", la expropiación, dijo Steinbrück.

Y lo cierto es que las negociaciones con el mayor accionista del banco, el inversor estadounidense Christopher Flowers, que posee poco menos del 25 por ciento y ha perdido casi mil millones de euros (1 mil 300 millones de dólares), no están resultando nada fáciles.

Berlín y el HRE buscan posibilidades que eviten la nacionalización, pero hasta ahora no se han obtenido resultados que permiten avanzar, aseveró Steinbrück.

La enmienda de ley modifica por otra parte el paquete de rescate bancario por 480.000 millones de euros (604.300 millones de dólares) aprobado en octubre. Así, el Estado ofrecerá durante cinco años, en vez de los tres iniciales, garantías para asumir la deuda de los bancos en apuros.