Aquí, por más que los hechos sean evidentes y se exhiban las pruebas correspondientes, la regla histórica ha sido que las cadenas de complicidad actúen para proteger a los “delincuentes de cuello blanco”

Nadie duda que uno de los más graves problemas –acaso el más grave de todos– que padecemos en México es la corrupción. Pero no solamente la corrupción, sino también su prima hermana, la impunidad, que implica un hecho aún peor: que se descubran hechos ilícitos y no se castiguen.

Se trata de una historia vieja respecto de la cual todos tenemos alguna anécdota: a partir de hechos verificables se denuncia la corrupción de un individuo que, merced a su ingreso –o su larga participación– en la vida pública sufre un repentino “ataque de éxito”, convirtiéndose en “próspero empresario” de la noche a la mañana.

En cualquier país meridianamente decente, las denuncias y el consecuente escándalo deberían dar lugar a una investigación seria y, eventualmente, al castigo de las irregularidades cometidas. Pero no en México.

Aquí, por más que los hechos sean evidentes y se exhiban las pruebas correspondientes, la regla histórica ha sido que las cadenas de complicidad actúen para proteger a los “delincuentes de cuello blanco” y evitar, no solamente que se castiguen sus tropelías, sino que sean obligados a devolver sus ilícitas ganancias.

En otras palabras, en México la corrupción ha subsistido –e incluso prosperado– porque existe un espacio aparentemente infinito para la impunidad, es decir, para la protección de quienes aprovechan su posición en la estructura del poder público para beneficiarse de forma ilícita.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, parecía que esa realidad cambiaría drásticamente, pues él se ha comportado no solamente como un intransigente denunciante de las prácticas ilegales, sino como alguien totalmente ajeno a las mismas.

Una de las oportunidades más relevantes para dejar constancia de esta convicción es el “Caso Lozoya” que, al menos en teoría, estaría proporcionando al Gobierno de la República la posibilidad de llevar ante los tribunales a los peces “verdaderamente gordos” y no solamente a los “chivos expiatorios” que históricamente han sido castigados de forma simbólica.

Sin embargo, más allá del estruendo mediático que implica el caso del exdirector de PEMEX –a quien no se ha molestado ni con el pétalo de un arresto–, no parece que de este asunto vaya a surgir ningún castigo para ningún protagonista relevante de la vida pública del país.

Es probable, por la forma en la cual se están desarrollando los hechos, que algunos expresidentes –Carlos Salinas y Felipe Calderón, en primerísimo lugar– resulten aún más estigmatizados ante la opinión pública, pero no se ve por ningún lado la posibilidad de que el escándalo mediático conduzca a la realización de juicios penales y la imposición de castigos.

Y si eso es lo que termina ocurriendo, lo que estaremos presenciando es, una vez más, el triunfo de la impunidad por encima del estado de derecho. O, incluso peor aún, el uso del sistema de justicia como instrumento político, lo cual, además de no combatir la impunidad, subvierte los cimientos del sistema democrático y, acaso, agrava con ello el problema de corrupción que hemos padecido históricamente.