Allende: ¿ha comenzado a hacerse justicia?

La Procuraduría General de Justicia de Coahuila anunció ayer la detención de Sergio Lozano Rodríguez, exalcalde del municipio de Allende, en relación con los hechos ocurridos entre el 18 y 20 de marzo de 2011, cuando se presume ocurrió una masacre en aquella demarcación, en la cual habrían podido desaparecer hasta 300 personas.

El exedil —de extracción panista— es la primera persona arrestada en relación con estos hechos que no pertenecía a los cuerpos policiales al momento de los hechos , sino que desempeñaba una función de carácter político.

Al otrora Presidente Municipal de Allende se le imputan los delitos de secuestro masivo, así como de presuntamente haber ordenado a los agentes de la policía municipal —quienes se encontraban bajo su mando— el no intervenir en la incursión de sicarios del grupo delictivo de los Zetas.

Se trata sin duda, de un arresto importante pues, en efecto, no solamente los elementos policiales pudieron tener participación —en calidad de cómplices al menos— en los sucesos que desencadenaron la masacre, sino que es dable suponer que habrían requerido la participación de otros niveles del aparato gubernamental.

Se trata también, sin embargo, de una detención que puede comenzar a politizar las acciones que se están emprendiendo para investigar, esclarecer y castigar los hechos, pues si al Presidente Municipal puede considerársele involucrado, también puede considerarse lo mismo de no pocos funcionarios en el nivel del Gobierno del Estado.

Lo anterior es más cierto en la medida en la cual consideramos que, en la tradición política de nuestro País, el orden municipal de gobierno suele ser el más débil de todos, pues la federación y el estado suelen ejercer funciones meta legales que implican, en los hechos, un sometimiento de los municipios a las decisiones de estos otros ordenes gubernamentales.

Y si en un aspecto de la vida pública esto es evidente es precisamente en el área de seguridad pública en la cual históricamente los cuerpos de seguridad municipales han sido condenados a una existencia prácticamente simbólica, sobre todo cuando se trata de municipios del tamaño de Allende.

Resulta impensable que en aquella demarcación ocurriera cualquier incidente en el terreno de la seguridad pública y que los funcionarios responsables de dicha área, así como de la procuración de justicia, en el Gobierno del Estado no lo supieran o no estuvieran al tanto.

En este sentido, las omisiones que fueron necesarias para que se perpetrara la masacre hoy documentada sin duda también ocurrieron en este orden de gobierno y muy probablemente en una magnitud mayor —o al menos igual— que la imputada al Presidente Municipal hoy tras las rejas.

Por ello cabría esperar que la PGJE informe pronto de arrestos adicionales que demuestren, más allá de las pruebas que existan en contra del exedil hoy en desgracia, que la investigación no ha sido conducida, al menos en este rubro, siguiendo más criterios políticos que jurídicos. 

Si esto no ocurre, es previsible que el tema sufra una contaminación política muy rápidamente.