Ampliación de Zaldívar divide a la SCJN: ministros podrían desechar el artículo transitorio a la reforma judicial

CDMX.- Con el reto de decidir si la autonomía del Poder Judicial y la división de poderes están en juego con la llamada Ley Zaldívar, los jueces constitucionales tendrán la última palabra no sólo sobre la ampliación del mandato de su actual presidente, aprobada por el Congreso y apoyada por el Ejecutivo, sino sobre el futuro inmediato del equilibrio del poder en México.

De inicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra ahora dividida por la aprobación fast track en el Congreso de la Unión de un artículo transitorio de la reforma judicial que amplía dos años el mandato del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como titular del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Aprobada al margen de cualquier negociación que incluyera al pleno de la Suprema Corte, la llamada Ley Zaldívar se enfrenta a un rechazo tajante de cinco ministros, incluyendo los últimos cuatro que cuentan con carrera judicial dentro del Consejo de la Judicatura Federal.

Sin embargo, según afirma el semanario Proceso, los opositores al artículo transitorio que amplía el mandato de Zaldívar de enero de 2023 a diciembre de 2024, empatando el periodo del presidente de la Corte con la duración del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, necesitan ocho votos para poder declarar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Requiere el voto de tres ministros más para lograr la mayoría calificada y así expulsar del orden jurídico el artículo transitorio que permite a Zaldívar seguir como titular de la Corte y la Judicatura dos años más, cancelando la elección que estaba prevista originalmente para enero de 2023.

Durante la semana en que la Cámara de Diputados recibió la minuta del Senado, los ministros de la Corte abordaron el tema en las reuniones privadas que se celebran antes de las sesiones del pleno.

Fuentes judiciales señalaron que algunos ministros le pidieron a Zaldívar una aclaración sobre su posible intervención en la aprobación del transitorio, señalamiento que el ministro volvió a negar de forma tajante ante sus pares.

De hecho, Zaldívar reiteró que no se va a pronunciar sobre la ampliación de su mandato hasta que el pleno de la Corte revise la constitucionalidad de la norma que ha sido cuestionada hasta por magistrados y jueces federales.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, Zaldívar también reconoció que en el momento en que el pleno de la Corte discuta la reforma que lo beneficia de manera directa, tendría que excusarse, por lo que no podría participar en la votación, dejando la decisión en manos de los otros 10 ministros.

A través de un comunicado que divulgó en su cuenta oficial de Twitter tras la aprobación de la reforma judicial, Zaldívar dijo que la reforma judicial no extiende su encargo como ministro de la Corte, por lo que deberá concluir sus funciones en diciembre de 2024.

“Es cierto que, de último momento, se incluyó un artículo transitorio con el que se amplía por dos años la duración del curso administrativo de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), más no se extiende el plazo de encargo como ministro de la Corte”, explicó.

Agregó que ejercerá el cargo de presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura por el periodo para el cual fue electo por sus pares, para posteriormente esperar a que el pleno resuelva sobre el artículo transitorio que amplía su mandato.

“Por respeto al procedimiento legislativo que se encontraba en curso, no emití pronunciamiento personal al respecto. Ahora que la aprobación de las leyes reglamentarias ha terminado, estaré atento, primero, a su publicación y después a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la SCJN, órgano que, en su caso, deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad”, aclaró.

Frente a las acusaciones de que la reforma debilita la autonomía del PJF, Zaldívar respondió que seguirá defendiendo la independencia de todas las juzgadoras y juzgadores federales, ya sea de las críticas de los poderes formales como de los poderes fácticos.

Sin embargo, la votación que se registró en la Cámara de Diputados disipó los temores de que iban a ser los propios ministros quienes tendrían que buscar un mecanismo para impugnar la reforma, invocando el precedente del expediente Varios 698/2000-PL que declaró la inconstitucionalidad de una norma aprobada por legisladores por vulnerar la autonomía judicial.

Aun cuando la votación fue mayoritaria a favor de la reforma, Martha Tagle, diputada federal de Movimiento Ciudadano, hizo notar que en sesión de la madrugada del 23 de abril la oposición alcanzó 167 votos, equivalentes a 33 por ciento o a una tercera parte de la Cámara de Diputados, lo que permite a los legisladores impugnar la norma presentando una acción de inconstitucionalidad. Con información de Proceso