Al cierre de esta edición existían versiones contradictorias que incluyen el hecho de que Villarreal Valdés hubiera sido ultimado por disparos de arma de fuego

La noticia no puede ser obviada ni valorada de manera superficial. El asesinato de un funcionario del Gobierno de Coahuila, que presentaría los signos de una ejecución, necesariamente alarma y provoca cuestionamientos que demandan respuestas concretas.

El hecho es en sí mismo una tragedia porque enluta a una familia en las horas previas a la celebración de la Navidad. Adicionalmente, es imposible soslayar el hecho de que se tratara del director de la Promotora para el Desarrollo Rural del Gobierno de Coahuila.

Por otra parte, como ocurre con insana frecuencia, las autoridades responsables de investigar lo ocurrido, lejos de ayudar a que los hechos no queden envueltos en la especulación, contribuyen a que los vacíos informativos sean llenados de inmediato con rumores a los que termina otorgándose credibilidad ante la ausencia de datos oficiales consistentes.

Debido a ello, al cierre de esta edición existían versiones contradictorias que incluyen el hecho de que Juan Manuel Villarreal Valdés hubiera sido ultimado por disparos de arma de fuego, pese a que el escueto comunicado difundido por la Secretaría de Seguridad Pública afirma que el cuerpo habría sido localizado con “diversas heridas de arma punzocortante”.

Por otro lado, una fuente cercana a los hechos informó –y el dato fue reproducido por diversos medios de comunicación– que los presuntos autores del homicidio habrían dejado un mensaje en el cuerpo, versión que no ha sido ni desmentida ni corroborada por las autoridades.

Si a eso se le suma el clima de tensión que han generado los múltiples enfrentamientos entre presuntos miembros del crimen organizado y fuerzas policiales en diversos puntos del territorio de Coahuila, incluido el reciente episodio de Villa Unión, resulta imposible no especular respecto de las motivaciones detrás del hecho.

De acuerdo con el comunicado del SSP, “las primeras indagatorias” realizadas conducirían a establecer “que el móvil tendría un origen de carácter personal”, sin precisarse qué significa tal aseveración.

Los medios de comunicación estamos constreñidos, desde luego, por el respeto que debemos al sigilo que las autoridades están obligadas a mantener en circunstancias como estas. Pero las autoridades también están obligadas a hacerse cargo que en los tiempos de las redes sociales lo peor que puede hacerse es intentar controlar la narrativa de sucesos como este.

Los hechos son claros y resulta inevitable que generen preguntas: un funcionario del Gobierno de Coahuila fue localizado sin vida, dentro de un remolque para caballos, a la orilla de la carretera. Se trata de un delito que las autoridades tienen la obligación de investigar y los medios no deben obviar.

Además de los hechos, cuenta el contexto: un clima de violencia caracterizado por la presencia, en el territorio estatal, de presuntas organizaciones criminales que han mantenido una posición de abierto desafío a las instituciones. Ante tales circunstancias, el hecho no puede sino calificarse de ominoso mensaje.