‘Caso Allende’: ocho años de impunidad
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Una de las peores deudas que como sociedad hemos adquirido en los últimos años es la relativa a los miles de casos de personas desaparecidas, cuyos familiares han sido condenados a vivir en la incertidumbre de no conocer el paradero y/o el destino final de sus seres queridos.
En la conformación de esta historia las autoridades –de todos los órdenes de gobierno– tienen una responsabilidad múltiple: en primer lugar, la desaparición de personas deriva del incumplimiento de sus responsabilidades en materia de seguridad pública; en segundo lugar, han fallado en el deber de buscarles y localizarles.
Uno de los episodios que en el caso de Coahuila ha marcado esta historia es el que conocemos como “la masacre de Allende”, suceso en torno al cual la oscuridad es de tal magnitud que ni siquiera ha sido posible determinar con precisión el número de víctimas que produjo.
Hoy, a ocho años de la tragedia, las familias de los desaparecidos no se encuentran más cerca del esclarecimiento de los hechos que hace un año o dos, a pesar de las múltiples declaraciones que cotidianamente se realizan para señalar la existencia de “avances” en dicho proceso.
Como lo informamos en esta edición, a esta circunstancia se suma el hecho de que la mayor parte de los restos óseos recuperados en el rancho Los Garza, donde se habrían registrado múltiples ejecuciones, se encuentran en un estado de calcinación tal que es imposible utilizarlos como fuente de reconocimiento genético.
De acuerdo con lo informado por las autoridades, los casi 800 fragmentos que en una primera instancia fueron localizados en contenedores metálicos durante los trabajos de investigación no pueden ser utilizados con fines de investigación y sólo una pequeña porción –66 piezas– podría arrojar alguna pista para identificar a personas desaparecidas.
Por otro lado, de acuerdo con algunas voces de activistas, un obstáculo adicional a las investigaciones lo supone la presunta participación de agentes investigadores que en realidad tendrían que ser indagados como partícipes de los trágicos sucesos.
El paso del tiempo va dejando claro, en hechos como estos, que hacen falta mucho más que discursos de ocasión para avanzar realmente en el esclarecimiento de la historia y en la posibilidad de permitir a quienes buscan a un familiar desaparecido la posibilidad de cerrar el proceso de incertidumbre en el que han sido obligados a vivir.
La administración estatal y el nuevo Gobierno de la República han sostenido, en forma reiterada, que tienen un compromiso con el respeto y la garantía de los derechos humanos. También han dicho que destinarán los recursos necesarios para esclarecer casos como “la masacre de Allende”.
Sin embargo, la acumulación de aniversarios de los infaustos sucesos no ayuda a documentar el optimismo, sino exactamente lo contrario, pues mientras el tiempo pasa las víctimas de Allende –y el resto de la sociedad con ellos– siguen esperando que los discursos se transformen en hechos concretos.