Cimari: ¿y las medidas de seguridad?

Uno de los argumentos que suelen esgrimir quienes se oponen al establecimiento de confinamientos de residuos peligrosos es el riesgo que potencialmente representan éstos para el ecosistema, pues si quienes los operan no son rigurosos con el establecimiento y observancia de las medidas de seguridad requeridas, entonces pueden convertirse en una seria amenaza para el medio ambiente.

Y tienen razón, sin duda, quienes así argumentan, pues ciertamente un confinamiento de residuos peligrosos, si bien constituye en teoría un mecanismo de certeza respecto del destino final de las basura generada por la industria, también puede convertirse en la peor de la amenazas si no se maneja de forma adecuada.

El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo al presunto derrame que se habría registrado en el confinamiento de residuos peligrosos que opera en el municipio de General Cepeda y que, al decir de algunos residentes del lugar, sería consecuencia directa de las fuertes lluvias registradas recientemente en la región.

De acuerdo con la información conocida, el referido depósito, que ha sido objeto de fuerte oposición por parte de habitantes de las comunidades aledañas, habría sufrido inundaciones en las celdas donde se guardan los residuos que recibe desde el primer día de agosto pasado.

Si tales hechos son ciertos y la presunta inundación provocó un derrame, las autoridades –y la propia empresa– deben informar puntualmente de tales hechos a la población y, en todo caso, ofrecer evidencia de cuál es la situación real en dichas instalaciones.

Como se ha dicho en ocasiones anteriores, en torno a este confinamiento existe un serio problema de desconfianza y ello se traduce en el hecho de que la difusión de este tipo de informes caiga el campo fértil para prohijar la especulación de todo tipo, tal como ya ocurre en este momento.

Por ello, resulta indispensable que los señalamientos sean respondidos de inmediato y que se informe con veracidad sobre lo ocurrido, de tal suerte que los habitantes de la región –y las propias autoridades, desde luego– puedan tomar las providencias que el caso pudiera ameritar.

El silencio, vale la pena puntualizarlo, no es una opción. Tampoco la reacción descalificatoria frente a la versión de inundaciones proporcionadas por lugareños. Lo que corresponde, frente a una duda legítima que tiene visos de verosimilitud, es un informe claro, preciso y profesional de quienes tienen la responsabilidad de vigilar la operación del depósito.

Pretender que la historia se diluya con el paso de los días y que ello implique el olvido por parte de quienes se han opuesto a la instalación del confinamiento constituiría un acto de ingenuidad, por parte de los propietarios, y una irresponsabilidad por parte de las autoridades.