En al menos 17 contratos, con 891 mdp, 100 empresas presentaron inconsistencias

CDMX.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se convirtió en una constructora muy poderosa en México, pero su disciplina militar no la blindó de cometer fallas en sus procesos de contratación. En 17 obras militares y civiles el Ejército contrató como proveedoras a 100 empresas que incumplieron requisitos legales: no contaban con el personal ni la capacidad técnica para realizar los trabajos o simplemente eran empresas fachada.

Entre 2007 y 2018, en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, la Sedena realizó 851 obras que le fueron encargadas por varias dependencias de gobierno por administración directa, modelo previsto en la ley de obras que no se sujeta a una licitación pública.

En una revisión hecha sólo a 17 de las 851 obras, se encontró que la dependencia militar destinó 891 millones de pesos para contratar como proveedoras de bienes y servicios a un centenar de empresas con inconsistencias que firmaron contratos en un procedimiento desaseado o que advierten posibles actos de corrupción.

Ninguna de las 100 compañías estuvo inscrita en el padrón de proveedores de la Sedena; una veintena de ellas fue creada exprofeso para las obras; nueve se disolvieron meses después del contrato; siete no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, y tres fueron sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Cinco empresas o sus socios están señalados en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como firmas que simulan operaciones; ocho proveedores no fueron localizados; nueve tienen algún incumplimiento fiscal que les impediría recibir contratos, mientras que en ocho casos más alguno de los socios formó parte de algún padrón de beneficiarios de programas sociales.

PRESTANOMBRES

Tras visitar las direcciones fiscales y de los dueños de 70 de las 100 empresas, se encontró que nueve reportaron un número de vivienda que no existía; asimismo, en 31 domicilios no había ninguna compañía, porque nunca operaron ahí o fueron desmanteladas. En la dirección de una firma en el Estado de México, por ejemplo, había un gimnasio, y en otras dos en Puebla, un negocio de barbacoa y una papelería.

Al entrevistar a un centenar de personas, entre supuestos dueños, familiares de los accionistas y vecinos de donde se ubicaban las empresas, se encontró que algunos propietarios sólo fungieron como prestanombres y en realidad se dedican a trabajar de taxistas, meseros, o son empleados en un call-center, cargadores de mudanzas, taqueros o estudiantes.

EVADEN LICITACIÓN

En las 17 obras revisadas se encontró que en los 160 contratos que realizó la dependencia con empresas que le ayudarán a ejecutar los proyectos se evadió la licitación pública, argumentando seguridad nacional o una necesidad inmediata por terminar lo antes posible la obra, por lo que no podía someterse a los tiempos establecidos en una licitación.

El modelo de contratación por administración directa que dio pie a estas irregularidades es el mismo que usó la Sedena en obras para el NAIM y es el mismo esquema que se está utilizando en Santa Lucía. Se buscó la postura de la Sedena con una semana de anticipo, pero no hubo respuesta. El Universal Direcciones falsas, prestanombres y oficinas virtuales se encontraron el los contratos de obras por administración directa.