Coyotepec dijo “NO” a ceder pozos de agua a Eruviel; hoy les mandan policías

Ciudad de México.- Cientos de granaderos entraron esta mañana al municipio de Coyotepec, en el Estado de México, luego de que el domingo pasado los pobladores frenaran la consulta mediante la cual, denunciaron, el Gobierno local buscaba arrebatarles el control de los pozos de agua que la comunidad construyó en 1963, informó a SinEmbargo el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).

Hasta el momento, se han reportado decenas de lesionados y cinco personas detenidas, entre los que se encuentra Sergio Velázquez Morales, residente de la administración del Sistema Autónomo de Agua Potable.

Esta consulta ciudadana fue una de las principales acciones que Pedro Luna Vargas, actual Alcalde de Coyotepec, lanzó a su llegada el 1 de enero de 2016. A decir de los habitantes de Coyotepec, se trata de una ruta diferente que tiene un mismo destino: la municipalización del agua.

Esta población se encargó de construir y hacer funcionar sus pozos de agua desde 1963. Al día de hoy funciona como el Sistema Autónomo y Ciudadano de Agua Potable. El Ayuntamiento ha presionado desde junio de 2013 al Sistema con amenazas y ataques. Busca controlar la red hidráulica para entregarla y dar concesión a desarrollos urbanos, embotelladoras.

También al proyecto Ciudad Bicentenario en Huehuetoca, al norte del municipio.

Lunas Vargas pertenece al Partido Acción Nacional (PAN), pero la mayoría de los megaproyectos que se verían beneficiados con el agua de la comunidad son impulsados por el Gobierno estatal, a cargo del priista Eruviel Ávila Villegas.

Desde entonces, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero denunció un clima de tensión y hostigamiento en contra de los habitantes, sobre todo con aquellos que actualmente tienen un puesto dentro de la administración del Sistema Autónomo de Agua Potable.

También, ante la experiencia de constantes actos de represión, expresaron su preocupación por los hechos de intimidación, que van desde rumores en contra de los defensores del agua, hasta órdenes de aprensión.

No es la primera vez que los habitantes de Coyotepec son blanco de agresiones en la defensa de su Sistema Autónomo. El 9 de junio de 2013, en una asamblea en la que se discutiría el control del agua, miembros de la policía estatal replegaron a opositores con balas de goma y desde helicópteros arrojaron gases lacrimógenos.

Amnistía Internacional denunció en marzo de 2014 que los miembros de la comunidad de Coyotepec “se han opuesto a los intentos del Presidente Municipal [en ese entonces Anguiano Fuentes] de hacerse del control del suministro local de agua, pues temen que eso dé lugar a que el agua se utilice para fines comerciales y a que se reduzca su acceso. Los manifestantes han hecho protestas ante el ayuntamiento de la localidad y varios activistas han sido amenazados, en algunos casos por hombres armados aparentemente relacionados con el Gobierno municipal”.

Ocho organizaciones civiles denunciaron que en ese periodo registraron “seis ataques –incluyendo disparos de armas de fuego, golpes y amenazas– en contra de los habitantes del municipio de Coyotepec que ejercieron su libre derecho de oposición al proyecto de municipalización del agua”.

Posteriormente, en septiembre de 2013 Vicente Moreno Domínguez, defensor de derechos humanos de la comunidad de Coyotepec, fue atacado con una navaja por tres personas afuera de su domicilio, de acuerdo con el CDHZL y Amnistía Internacional. Dos meses después, Israel Doroteo fue golpeado en la calle luego de recibir amenazas vía telefónica.

El Gobierno del Estado de México propuso en 2007 el proyecto llamado “Ciudades del Bicentenario”, que busca crear poblados autosuficientes y competitivas que puedan albergar infraestructura, vías de comunicación y recibir incrementos poblacionales significativos. Estas ciudades –proyectadas para los municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, Zumpango, Tecámac y Huehuetoca– se presentan como alternativas de vivienda, empleo y acceso a educación, salud, comercio y recreación sin tener que desplazarse grandes distancias.

Bajo un discurso de modernización, desarrollo y competitividad económica, acusa el CDHZL, el Gobierno mexiquense ha despojado a diversas poblaciones de sus bienes naturales, lo que constituye “una violación grave” a su derecho a la vivienda, al agua, a una vida digna, a la salud, a un medio ambiente sano y a la participación en la toma de decisiones.

Coyotepec es un municipio en el que no hay tiendas Oxxo, supermercados o grandes plazas comerciales. Y la población, comentaron habitantes a SinEmbargo, tampoco los quiere.

“La lucha es por defender todos los recursos naturales, nuestros espacios y ellos [el Gobierno] quieren desvirtuar nuestros usos y costumbres. Si se llevan a cabo esos grandes proyectos, habría una explosión demográfica; mayor delincuencia que nadie combate en el Estado de México; mayor contaminación por basura, cuando ya tenemos cerca de aquí un relleno sanitario; vamos a tener calles saturadas con autos que sólo vienen de paso; mayor demanda de servicios, es decir, más extracción de agua. No queremos eso y queremos que se nos respete, no queremos pagar problemas que nosotros no generamos, al fin, ellos hacen sus desarrollos urbanos, traen a la gente y se van, no se quedan a sufrir todos los problemas que generarán”, comentó en entrevista Velázquez Morales.

Actualmente, en la localidad de Huehuetoca, se está desarrollando una Ciudad Bicentenario, que es uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno estatal, a decir de Lara Duque, es el gran modelo de proyecto de país que tiene el grupo Atlacomulco, “ahí están todos sus planes de desarrollo inmobiliario, industrial, carretero y comercial; quieren construir grandes ciudades que sean autónomas del centro de la población. El problema es que lo hacen con despojo y la lógica de lucro rebasa la planeación. Se les ocurrió poner miles de departamentos y ahorita el problema es cómo dar abastecimiento de agua, obviamente, necesitan el agua de los alrededores”.

La reacción de la gente ante la municipalización, es: “Mi abuelo hizo ese sistema, no te lo vamos a regalar”. El municipio enfrenta una resistencia popular basada en los usos y costumbres y aunque legalmente les corresponde la administración del agua, en la práctica los pueblos se apropiaron de ese papel.