Creciente inseguridad y alza en combustibles

A dos semanas y días de iniciar 2017, los vaticinios de un año próspero parecen velarse ante dos importantes factores: La creciente inseguridad y la liberación de los precios de la gasolina y el diésel a partir del 1 de enero que impactarán negativamente en la economía de las y los mexicanos, y la estabilidad como país.
Estos dos factores debieran estar en la mira de todos los tomadores de decisiones para trabajar y poner en marcha alternativas de solución a partir de un gran “Acuerdo Nacional”.

Ha transcurrido una década desde que el Ejército dejó los cuarteles para librar una “guerra” contra el crimen organizado cuyos resultados ya conocemos pues, lejos de frenar y disminuir el problema, nos coloca como una de las naciones más violentas con las consecuentes pérdidas económicas por falta de confianza para invertir y propiciar crecimiento interno y empleos. Además de que la inseguridad propicia gastos que pudieran enfocarse a otras prioridades, y del ya conocido reclamo de nuestras Fuerzas Armadas en el sentido de no continuar realizando labores de policías.

Se ha difundido públicamente que tan sólo el año pasado, el contener y manejar las consecuencias de los niveles de violencia implicó a nuestro país gastos por unos 2.2 billones de pesos (17 mil pesos per cápita), lo que nos ubica como una de las 30 naciones con el mayor impacto económico negativo de la violencia.

Se estima que si México fuera más pacífico, el actual gasto en contención de la violencia (delitos con brutalidad, homicidios y delincuencia organizada) podría destinarse a áreas más productivas como infraestructura, innovación, salud, campo, o educación que es donde los ajustes presupuestales se han hecho más evidentes.

Ello, de acuerdo con el Índice de Paz México (a cargo del Instituto para la Economía y la Paz, IEP) que también señala que si los estados menos pacíficos tuvieran el mismo crecimiento económico que los más pacíficos, nuestra economía se habría fortalecido 13% más tan sólo en 2014.

La exigencia del Ejército de legislar para regular su participación en labores de combate a la delincuencia debe asumirse con mucha responsabilidad, en un trabajo conjunto entre legisladores, gobierno, expertos, y organizaciones de la sociedad civil, para evitar riesgos de militarización y de posibles violaciones de derechos humanos. Hacerlo pronto; pero sin prisas. A lo anterior debe agregarse el inminente aumento en el precio de los combustibles a partir del 1 de enero de 2017, que generará aumento de precios en los productos que consume la mayoría de la gente, mientras que el salario se mantiene con pequeñísimos incrementos.

No es suficiente que el secretario de Hacienda nos diga que todo se ajustará a la oferta y la demanda y que eso estabilizará los precios: O sea, después de que venga un mayor costo de la canasta básica y de otros productos, allí se quedarán “estables”, ni para arriba pero tampoco para abajo.

Lo cierto es que las bondades de la reforma energética no se están viendo, los costos del combustible estarán sujetos a la competencia, a los precios internacionales del petróleo y dependeremos fuertemente de la paridad del peso frente al dólar que en nada nos resulta favorable.

Allí está el riesgo. Y allí también, la necesidad de buscar y lograr un gran “Acuerdo Nacional”. No vamos bien y hay que meter correctivos inmediatos.

Vicecoordinador de los diputados federales del PRD