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Por unanimidad, lo ministros confirmaron la sentencia del 25 de septiembre de 2015 en la que un tribunal colegiado consideró que Gómez Urrutia no acreditó el daño moral sufrido

Ciudad de México. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la demanda por daño moral presentada por el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, en contra del senador con licencia del Partido Acción Nacional, Javier Lozano Alarcón.

Por unanimidad, lo ministros confirmaron la sentencia del 25 de septiembre de 2015 en la que un tribunal colegiado consideró que Gómez Urrutia no acreditó el daño moral sufrido, además de que, por ser una persona pública tenía que precisar la afectación sufrida y que ésta fuera constitutiva de delito.

Anteriormente, un juzgado de distrito ya le había negado la razón al líder sindical, sin embargo, al llegar al máximo tribunal, la defensa legal del denunciante pretendía que la Suprema Corte definiera en qué casos procede la demanda de daño moral en agravio de personas públicas.

El abogado de Gómez Urrutia, Marco Antonio del Toro confirmó en entrevista que la demanda contra Lozano era consecuencia de la demanda que presentó el líder sindical, cuando denunció por la vía administrativa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social –encabezada por Lozano en 2008– como parte de un procedimiento de responsabilidad patrimonial.

El líder minero argumentó que la autoridad ocasionó grave afectación a sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor y vida privada, así como a su reputación e imagen a escalas nacional e internacional, al difundir las razones por las cuales le negó la toma de nota como secretario general del sindicato en 2008.

La dependencia informó en aquel entonces que según los estatutos sindicales, Gómez Urrutia debía estar presente en la convención en la que fue elegido, pero el líder obrero, que entonces ya vivía en Canadá, no acudió.

Tampoco era trabajador de planta con antigüedad de cinco años continuos antes de la fecha de la elección ni gozaba de todos sus derechos civiles, ya que enfrentaba órdenes de aprehensión y era prófugo de la justicia, además de que estaba acusado de malos manejos en el ejercicio de su función y, al vivir en otro país, estaba impedido para la defensa eficaz de los intereses de los trabajadores de su gremio
En abril de 2013 la segunda sala de la SCJN negó la razón a Gómez Urrutia en ese asunto.