El pasado domingo se llevó a cabo una cuestionada y polémica consulta ciudadana impulsada por el Congreso de Baja California para conocer la opinión de la población respecto del tiempo que deberá durar en su encargo el gobernador electo, mismo que tomará posesión el próximo 1 de noviembre.

Sin duda, el ejercicio de consultar o intentar descubrir el sentir de la sociedad respecto de diferentes temas de la vida pública, siempre será loable. Suponer que un grupo o segmento es poseedor de la verdad absoluta o que conoce con exactitud lo que la sociedad anhela o demanda, es poco menos que una absurda pretensión alejada de toda realidad.

Sin embargo, habría que puntualizar en qué casos es posible o deseable pedir la opinión de “las mayorías” y, sobre todo, cuál debe de ser el instrumento o mecanismo que permita llevar a buen término ese ejercicio.

La numeraria, en el caso del tema Baja California, es abrumadora: en la elección de este año, se instalaron 4 mil 804 casillas; participaron 19 mil 216 funcionarios de casilla y votaron 840 mil 486 ciudadanos. En la llamada consulta de este domingo, se instalaron únicamente 250 mesas receptoras y, aún en este momento, no está del todo claro cuántos ciudadanos acudieron a expresar el sentido de su opinión y cómo se garantizó la pulcritud del ejercicio. Ello, sin contar la forma en que se planteó la pregunta a la cual debían responder.

Este hecho y todo lo que está aconteciendo en torno a la definición (innecesaria, desde mi punto de vista) respecto del tiempo que, en este caso, un gobernador debe permanecer en el cargo, debe servir para replantear la forma idónea en que, como ciudadanos, podemos manifestar nuestra opinión respecto de ciertos asuntos. La democracia representativa -que nuestro País desarrolla- establece, precisamente, que nuestros representantes, principalmente legislativos, asumen esa función e interpretan y traducen el sentir de sus representados, evitando con ello, justamente, la tarea de preguntar, constantemente, qué opinamos respecto de tal o cual tema.

¿Estamos todos preparados –informativamente hablando– para opinar de todos los temas, aunque incluso nos atañan directamente? ¿Debería de existir o no un filtro respecto de en qué asuntos podemos “participar” o no? ¿La figura del representante sigue siendo válida, ante un escenario político cada vez más fraccionado?

Y, consecuentemente, ¿cómo deben plantearse –en futuros ejercicios– las preguntas para evitar sesgos o manipuleos al momento de consultar?

¿Está usted, amable lector, de acuerdo en que su pensamiento y opinión sea interpretada por los legisladores o gobernantes, sin consultarle al respecto en lo absoluto? ¿Prefiere, acaso, que cada decisión que pretenda tomar el gobierno –en cualquiera de los tres niveles– le sea debidamente consultada; solo somos cerca de 120 millones de personas?

El arte de consultar –o de preguntar–, sin duda, lo es todo.