Salud, seguridad y cambio climático son el talón de Aquiles de cualquier gobierno en todos sus niveles. Por supuesto, el desempeño del Estado juega un rol de suma relevancia para frenar los efectos negativos de cualquier situación emergente, pero también le corresponde implementar políticas públicas que sirvan de base para enfrentar contingencias con un factor menor de riesgo.

Hay dos cifras que deben de alertar al Estado mexicano. Las más de 71 mil 600 personas desaparecidas, en los último 14 años, y los 45 mil 361 decesos por COVID-19. Ambos datos suman un total de más de 116 mil personas afectadas por la crisis sanitaria y de inseguridad en nuestro país. A la cual faltaría agregar los damnificados por las inclemencias del tiempo de los últimos días.

En contraste, este Gobierno Federal y también los anteriores, le han apostado por minimizar lo que ocurre. Incluso, por ejemplo, con el tema climático las acciones tomadas han mostrado incredulidad o ignorancia para abordar el problema.

Asimismo, para nuestra mala fortuna, cada vez es más común el desprecio por parte del ejecutivo a los conocimientos emanados de la técnica –entendida como el conjunto de procedimientos, reglas, normas o protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo–, los cuales son fundamentales para realizar diagnósticos que permitan a los tomadores de decisiones un mejor análisis de lo que sucede y con ello una evaluación objetiva de los resultados.

Por supuesto, que muchos problemas fueron heredados, pero la crisis que tenemos en este presente, que parece no otorgarnos ninguna tregua, no puede resolverse repartiendo culpas, sino justo con lo contrario, la solución debe venir de un acto consciente de asumir responsabilidades.

¿Cuál es el costo de despreciar a la técnica en un gobierno? Que las decisiones no se proyectan a largo plazo, sino para salir del paso. Que sólo se evalúan los cálculos políticos sin importar las consecuencias en la vida de miles de personas. Que se continuará repartiendo culpas sin asumir responsabilidades y lo más doloroso, que los problemas seguirán acumulándose y el margen de maniobra cada vez será más acotado.

Leonor Gómez Barreiro

Defensora del derecho a saber y promotora de herramientas de acceso a la información pública con periodistas y otros grupos de interés.

En el 2018 coordinó la investigación periodística Fideicomisos en México. El arte de desaparecer el dinero público. Investigación colaborativa entre México Infórmate y el Centro de Análisis e Investigación, Fundar.  

Becaria de la OEA,  Ford Foundation y CIDE, para adquirir  conocimientos sobre datos abiertos, políticas públicas de Estado abierto y herramientas de investigación periodística para el rastreo de casos de corrupción.

Fue coordinadora nacional de México Infórmate de 2016 a 2018. También ha impulsado proyectos de co-creación para el fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil.