Una de las peores características de nuestros funcionarios públicos es su aparentemente inagotable capacidad para convertir las oportunidades de colaboración y los proyectos que requieren trabajo en equipo, en ocasión para actuar de espaldas al interés colectivo.

Y se trata de una característica que se ha vuelto más visible a partir del advenimiento de eso que los politólogos llaman la “normalidad democrática” y que implica, entre otras cosas, que los gobiernos municipales, estatales y el federal pueden ser encabezados por militantes de cualquier partido político.

La alternancia en el poder, al menos en teoría, debería percibirse como un signo de la buena salud de nuestra democracia, pues ello implica que es la voluntad popular la que prima a la hora de decidir quién debe encabezar el gobierno en sus diferentes ramas.

Por desgracia, la realidad no suele compadecerse de la teoría y con indeseable frecuencia lo que ocurre es que la alternancia, como símbolo de respeto a la voluntad de los electores, termina pasándonos costosas facturas a los ciudadanos.

Un buen ejemplo de esta situación lo constituye el reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo a la explicación ofrecida por la administración municipal de Saltillo, respecto de las razones por las cuales “se perdieron” los recursos que habrían de invertirse en la canalización del arroyo “Cuatro Bajo”.

El problema, ha dicho el alcalde, fueron “unas decisiones que se tomaron” y que impidieron la concreción de las metas que a cada parte involucrada en el proyecto le tocaban: a la federación una aportación de 166 millones de pesos; al municipio obtener el compromiso de los propietarios de los predios afectados e indemnizarlos y al Gobierno del Estado construir algunos puentes.

Más allá de las explicaciones que puedan ofrecérsenos, el discurso que ha comenzado a aparecer es el de “aventar la pelotita” para que los ciudadanos “tengan claro” a quién deben culpar por la no realización de la obra.

El problema es que, como se ha dicho en múltiples ocasiones, a los ciudadanos poco nos importa repartir culpas. Lo que la comunidad demanda y necesita es que las autoridades le brinden respuesta y se comprometan con la ejecución de aquellas acciones relevantes para mejorar nuestra calidad de vida y conjurar riesgos.

El juego de repartir culpas seguramente será aderezado en los próximos días con las clásicas acusaciones de corte partidista que intentarán convencernos de de que los militantes de este partido o aquél no saben gobernar o utilizan con perversión los proyectos para afectar a sus rivales.

Palabrería que nada resuelve. Excusas que sólo contribuyen a que los ciudadanos comprueben que, más allá de colores partidistas, nuestra clase política exhibe los mismos comportamientos en todas latitudes.

Lo que se requiere es una obra de canalización de un arroyo. Que todo mundo se ponga a trabajar para que se haga y se entregue a la comunidad en el plazo más breve posible.