El limbo de Alfonso Durazo

Una protesta bloqueó por nueve horas este viernes el aeropuerto de la capital del país, desquició el tráfico en amplias zonas de la metrópoli y convirtió el feriado patrio en una pesadilla para cientos de miles de personas. Los actores de este episodio son policías federales, formalmente a cargo del Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y uno de los actores más políticamente huérfanos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La mayor parte de la Policía Federal (PF) está llamada a extinguirse para ser fusionada en la Guardia Nacional. Pero sus estertores finales no han traído solo protestas de sus integrantes, sino indicios de que persisten las prácticas de corrupción que llevaron a Palacio Nacional a decretar su desaparición. Informes recientes dan cuenta, por ejemplo, de una mafia dentro de la PF que tiene repartido el control de los principales aeropuertos del país, donde se protege el narcotráfico y la migración ilegal, entre otros negocios sucios.

El insólito episodio del aeropuerto capitalino (un serio quebranto de la ley por parte de oficiales responsables de velar por la misma) se agravó por la tolerancia que atrajo. Hasta la noche del sábado no había provocado más que declaraciones aisladas de Durazo Montaño, reducido a ser casi a un vocero sobre los temas de seguridad, no un funcionario a cargo de atender uno de los flancos más débiles que exhiba la llamada Cuarta Transformación.

Calificado como aspirante perfilado hacia la gubernatura de Sonora desde el momento mismo en que fue sumado al gabinete, este personaje experimenta el acelerado desgaste de una plataforma que difícilmente le dará soporte a sus aspiraciones al menos un año más, cuando se definirán las postulaciones para la contienda electoral, programada para el verano de 2021. Por la ruta que va hasta ahora, su propia marginalidad puede ser la tumba política de Durazo.

El funcionario sonorense, cuyo acercamiento a los temas de seguridad es muy reciente, casi epidérmico, está siendo obligado a chapalear en la espesa salsa de contradicciones en que se ha convertido la estrategia de la administración López Obrador contra la violencia. Una tragedia de sangre, secuestros, extorsiones, tráfico de personas y otros dramas humanos que según encuestas representan el principal factor de deterioro de la popularidad presidencial, muy por encima del estancamiento económico, la corrupción o la pobreza.

Se cumplieron ya dos meses de movilizaciones, cada vez más agresivas, por parte de los agentes de la PF, que presumiblemente pasarían a formar parte de la Guardia Nacional anunciada desde el inicio de su gobierno por el presidente López Obrador. En abril, hace ya cinco meses, se designó al general “en proceso de retiro” Luis Rodríguez Bucio, comandante de la nueva corporación, bajo el virtual control del Ejército. En esa misma oportunidad, la doctora Patricia Trujillo fue presentada como la cabeza de la PF en vías de extinción. Pese a sus anunciados 12 doctorados, 34 diplomados y autoría de 28 libros, su autoridad cayó literalmente por los suelos desde inicios de julio, cuando fue derrumbada a empellones durante las protestas de los elementos formalmente bajo su mando.

Pese a dominar una parte sustantiva de los discursos presidenciales, el despliegue real de la Guardia Nacional sigue siendo incipiente, basado casi exclusivamente en personal militar; el reclutamiento de civiles, tan profusamente difundido, es apenas marginal, y la fusión con la PF parece en plena crisis.

En medio de ese escenario se halla Alfonso Durazo, sin mando real sobre las fuerzas que presuntamente controla, sin autoridad frente a los militares, sin capacidad logística, de inteligencia, para someter a los policías federales. En los hechos, con un delgado respaldo político desde Palacio Nacional. En un doloroso limbo.

APUNTES

La Fiscalía General de la República, bajo la conducción de Alejandro Gertz, parece lista a entregar la cabeza de Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal bajo los procuradores Jesús Murillo Karam y Arely Gómez, durante el gobierno Peña Nieto. Ello, para presumir un golpe de timón en el caso Ayotzinapa, que se acerca a su quinto aniversario. El caso regresaría a cero, sin otro diagnóstico a la vista que el que tras los primeros cuatro meses de indagatorias constituyó la llamada “verdad histórica”. Como decían los clásicos: lo malo siempre puede estar peor.

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