En seguridad, urgen las certezas
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Al término de mayo, Coahuila se posicionó como el sexto estado del país con mayor incremento en el número de homicidios dolosos, si se toma como referencia el periodo diciembre 2018 a mayo de 2019 en comparación con el mismo lapso anterior, es decir, el semestre de diciembre 2017 a mayo 2018. Fueron en total 17 entidades las que reportaron estadísticas al alza y los casos más preocupantes fueron Nuevo León, con 72% de aumento; Tabasco, con 50.7% y la Ciudad de México, con 43.2%. La lista la completan Sonora, Morelos, Coahuila, Jalisco, Quintana Roo, Campeche, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Chihuahua, Zacatecas, Puebla y Aguascalientes.
Sin embargo, sin hacer esa comparación semestral y tomar sólo los datos de los primeros cinco meses de este 2019, el mapa delictivo del país cambia. Coahuila, por ejemplo, registró al término de mayo 141 homicidios dolosos, y si bien la cifra representó un incremento del 38% en comparación al mismo lapso de 2018, cuando se reportaron 102, la entidad se colocó en el puesto 23 a nivel nacional en la incidencia de este delito. Los estados que se subieron al detestable podio fueron Guanajuato, con 1493 homicidios; el Estado de México, con 1264; y Jalisco, con mil 166.
Y es que la violencia homicida sigue rompiendo récords mes con mes en el País. Al cerrar junio con la cifra de 2 mil 543 asesinatos, el primer semestre de este año se convirtió en el más violento del que se tenga registro, con 17mil 056 víctimas. Si se suman los casos de diciembre, el acumulado del actual gobierno federal se eleva a 19 mil 944.
La seguridad es, pues, uno de los grandes retos de esta administración federal y más allá de reconocerlo someramente como pendiente en un par de frases lanzadas en el AMLOfest, el presidente López Obrador debe comenzar a dar certezas de que la vorágine violenta puede revertirse. En mayo, Leonel Cota Montaño, subsecretario de Planeación, Información, Protección Civil y Coordinación del Gobierno Federal, había informado que en agosto, la Guardia Nacional estaría desplegada en Coahuila, después de haberse cubierto estados prioritarios, como Michoacán, Durango, Guanajuato y el Estado de México. Esta semana, el gobernador Miguel Riquelme, informaba que los elementos de la Guardia, en su arribo al estado, se desplegarían primero en Piedras Negras y Monclova, para después abarcar Frontera, Castaños, San Buenaventura, Nadadores y Cuatro Ciénegas, pero que no había fecha específica para el arranque de operaciones.
En el caso de Durango, los elementos de la Guardia ya comenzaron su arribo, con cierto hermetismo de parte de las autoridades. El pasado mes se informó que para esa entidad se destinarían 900 elementos, divididos en dos regiones y no se ha dicho si ese plan cambió o se mantiene.
De regreso a Coahuila, si bien se ha insistido en que el despliegue de la Guardia Nacional no afectará el esquema del Mando Especial implementado desde hace años en La Laguna con resultados positivos en la reducción de delitos de alto impacto, los cambios de ruta en la estrategia federal posiblemente impliquen un giro de timón en la operatividad local. Tan sólo esta semana, Torreón ya registra tres homicidios dolosos y un enfrentamiento que obligó al desalojo de una escuela, sin contar los delitos del fuero común que ocurren todos los días. Son escenas que, para la memoria colectiva, se convierten en flashbacks de aquellos años en que la violencia tenía convertida a La Laguna en una región afantasmada; escenas que, por supuesto, nadie quiere volver a ver en el paisaje cotidiano pero que nunca se han difuminado del todo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su administración, eligió, al menos en el discurso, la mitad del sexenio como una suerte de plazo mágico para casi todo: según el mandatario, en tres años se normalizarían los precios de los energéticos de modo que los precios de los combustibles comenzarían a bajar; en tres años se verán los efectos de la nueva reforma educativa y los programas sociales; en tres años, las condiciones de seguridad mejorarán, de modo que los militares puedan ir regresando paulatinamente a los cuarteles; en tres años estará consolidada la operatividad de la Guardia Nacional. Esto último, por supuesto, antes de las prisas a las que obligaron los acuerdos migratorios con Donald Trump. Pero lo cierto es que la vorágine delictiva en el País ha sido incontenible y puede afectar a las regiones que en los últimos años habían visto una mejoría. Más allá de plazos mágicos, son necesarias las certezas a corto plazo.
