Enfermedad y poder; problemas de salud de gobernantes, un asunto de interés público
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En medio de la crisis por el desarrollo del coronavirus, en nuestro País se han disparado especulaciones, aciertos, fobias y miedos, pero también quien pensaba que no le pasaba le ha pasado.
Por otro lado, las respuestas frente al COVID-19 –en la que llevamos culpa todos– no han sido suficientes y franquean entre la línea divisoria del escándalo y el amarillismo; por otro lado, hay que entender que dentro de la vida política es muy dado que se de lugar a desviaciones de la línea correcta de la acción pública.
Tampoco es cuestión de callarlo todo u ocultar procurando demostrar que los hechos no son tan graves como parecen (eso ya ha quedado rebasado). De hecho, en los últimos tiempos las acusaciones de corrupción, los casos de infiltración de la delincuencia organizada en algunos grupos de la clase política –el caso más reciente es Genaro García Luna– no tienen precedentes.
Considero que en el ámbito político, social e inclusive hasta económico la reconfiguración de la que muchos hablaban se está dando de manera más acelerada. Por lo tanto, es positivo que se hable de todo con claridad: “en un país escandaloso no se debe tener miedo de revelar la verdad” (BOBBIO).
Hoy surge una interrogante más, como la que se dio en el año 2012 con Alonso Lujambio Irazábal y la necesidad-capacidad de su ausencia por motivos de salud o el desempeño de su trabajo, en el que no mermara su labor diligente. Desde ese año, en nuestro País no se propiciaba el debate ante tales enfermedades, en ese momento, recibió atención por parte de los medios y la opinión pública.
Los problemas de falta de buena salud de gobernantes generan inquietudes y preocupaciones que pueden ser válidas sobre como, por un lado, el gobernante responde ante un problema –en este caso el COVID-19– y, por otro lado, cómo los ciudadanos manejamos esta situación (confianza) y también los vacíos evidentes que existen en las legislaciones locales. Los problemas de salud de un jefe de Estado pasan a ser asuntos de interés público.
Nos enfrentamos hoy ante una disyuntiva similar: el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses; el mandatario tabasqueño, Adán Augusto López, y el titular de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, han dado positivo a la prueba del COVID-19. Además se han registrado dos casos de diputados federales de Movimiento Ciudadano y uno del Partido Encuentro Social de contraer este virus.
Palabras más, palabras menos, todos anunciaron que se mantendrán en cuarentena y bajo observación, pero recalcan su constante comunicación con sus colaboradores y que desde sus lugares de encierro seguirán trabajando para que sus estados puedan superar la crisis.
Sin embargo, resulta trascendente considerar que la actuación del virus puede ser cambiante, por ello resulta importante que sus equipos de trabajo se planteen el escenario de una ausencia temporal y si en sus constituciones locales existe un vacío legal al respecto urge que se haga algo. En la Constitución no existe ninguna provisión en caso de ausencia temporal del Presidente. Existía en el artículo 85 constitucional, pero ese inciso fue revocado; sólo se aborda la falta absoluta del presidente en el artículo 84.
Es de vital trascendencia para nuestro País que nuestros representantes, en este sentido, informen sobre las condiciones de su salud a los ciudadanos –igual aplica para el Presidente por su problema de hipertensión–. Se requiere de normatividades claras y precisas para que periódicamente presidentes, gobernadores, alcaldes, legisladores se practiquen revisiones médicas y que los resultados se oficialicen y se pongan de manera pública y transparente.
Lo que está en juego es la salud del país y la salud económica que dejará esta profunda crisis en México y de todas sus regiones.
