Dados los resultados económicos y sociales, se puede decir que en más de tres décadas en México se ha ejercido la política en función del costo-beneficio económico, con objetivos de ganancia en acuerdo y colusión con acaudalados grupos empresariales, el Estado como garante de los objetivos de acumulación de poderosas corporaciones nacionales y extranjeras, sin verificar el impacto histórico y social de las decisiones económicas. 

La cúpula empresarial mexicana argumenta pérdidas en la suspensión de trabajos del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y su “ilegal” consulta, pero no consideran los enormes costos sociales de las decisiones que a ellos han favorecido, de ahí el reducido salario como nuestra principal ventaja comparativa en acuerdos comerciales internacionales, el Fobaproa como atraco a la nación en 1996 que ya ha costado más de 800 mil millones de pesos a la sociedad mexicana, el rescate carretero con cargo al erario público de más de 300 mil millones, la reforma laboral que ha eliminado prestaciones y ha reducido el ingreso de la base trabajadora, la privatización energética cuyo incremento de precios en gasolinas y electricidad disparó la inflación y afectó el bienestar de las familias.

En seis periodos de Gobierno Federal se ha experimentado un Estado gerencial orientado al libre mercado, pero en colusión con la iniciativa privada de élite en sospechosos y jugosos negocios o concesiones; las micro, pequeñas y medianas empresas desprotegidas. Por otro lado la atención de los problemas sociales desde el asistencialismo, con programas de apoyo pero sin atacar las raíces de la inequitativa distribución de la riqueza.

Acostumbrados a una relación de dominio y sumisión del Estado y la sociedad, habituados a una democracia de “votas y te vas”, periodistas, intelectuales orgánicos y sectores de la población, después de la suspensión de trabajos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, incluso aclaman a la cúpula empresarial para continuar con la administración pública de ganancias privadas y el marketing político que ofrece simples productos a la demanda electoral. 

Aun cuando la Comisión Económica para América Latina niega una crisis para nuestro País, algunos reconocidos medios masivos de comunicación nacionales y locales, agoreros del desastre, vociferan estridentemente la debacle nacional, con la depreciación del peso que con la decisión llegó a 20.30 pesos por dólar, pero no se difunde que en seis años el peso se ha depreciado más de 60 porciento (en 2012 se ubicó en 12.80 pesos por dólar). 

Inclusive directivos de BBVA afirman que la suspensión de los trabajos del NACM es un atentado al Estado de derecho (¿¡), pero no comentan que con tasas crediticias estratosféricas, comisiones y Fobaproa ese banco trasnacional en cinco años ha obtenido en México el 40% de sus ganancias mundiales.

La política gerencial neoliberal no dio resultados de bienestar social, se ha operado la ciencia económica como una técnica matemático-administrativa, con “democracia” cupular, sin Patria y sin historia, un capitalismo de cuates. Ahora se debe ejercer la política desde la economía como ciencia social, con su vertiente de planeación democrática efectiva desde la política económica integral, desde una perspectiva histórica que involucre democrática y efectivamente a la sociedad .

Para quienes se acostumbraron a un Estado gerencial esta nueva realidad los asusta, los altera y los enfurece ¿Cómo puede el presidente electo atreverse a cuestionar los dicados de los poderosos grupos empresariales si con ellos se ha gobernado? ¿Qué sabe la sociedad mexicana de lo que más conviene al país si sólo los iniciados tecnócratas itamitas pueden dictaminar la vida de las personas y las familias? ¿Cómo se atreven a cambiar el status quo? 

Recordemos que en el año 2014 partidos de centro-izquierda y organizaciones civiles acopiaron más de 5.2 millones de firmas para un referéndum sobre la privatización del petróleo y la electricidad; inmediatamente la derecha empresarial y partidista se movilizó realizó cambios constitucionales para que la sociedad no opinara al respecto. Los millones de firmas no valieron.

La suspensión del NACM en Texcoco fue decisión política. La expectativa es que con una manera diferente de gobernar cada sector ejerza sus tareas para bien de la nación: el Estado como garante dela seguridad, organizador, promotor y orientador de la economía para el beneficio de todas y todos; la sociedad informada, organizada y participativa desde una posición libre y consiente para opinar vigilar el Estado de derecho; la iniciativa privada arriesgando su capital para generar empleo y legítimamente acumular capital. 
A la transformación del país no será fácil.