Violencia. A Roberto le colgaba un pedazo del labio cuando acudió a la Cruz Roja.
Roberto Mendoza Martínez, un ex trabajador de Seguridad Pública de Torreón, denunció a VANGUARDIA un caso de aparente impunidad que arrastra varios años de parte de exservidores municipales que le robaron y golpearon

Roberto Mendoza Martínez, un extrabajador de Seguridad Pública de Torreón, denunció a VANGUARDIA un caso de aparente impunidad que arrastra varios años de parte de exservidores municipales que le robaron y golpearon.

Roberto trabajaba como auxiliar administrativo en Seguridad Pública de Torreón en 2011. El entonces subdirector administrativo, el mayor retirado Eduardo Guadarrama, acordó que le compraría una camioneta en 50 mil pesos y que la saldaría en pagos. La camioneta era de una tía de Roberto.

Mendoza Martínez asegura que Guadarrama le quiso pagar con tarjetas de aviadores. “Yo no puedo seguir así”, le dijo Roberto.

Pasaron dos días y se comunicó con él Miguel Ángel Sáenz, entonces director de Recursos Humanos en el Ayuntamiento que dirigía Eduardo Olmos y actual delegado en Coahuila del Instituto Nacional de Economía Social (INAES).

Tras la llamada acordaron verse en un restaurante y al llegar, Roberto nunca se imaginó lo que se desencadenaría. En el lugar había otros funcionarios públicos y el diálogo, según el denunciante se dio así:

-Oye de la camioneta. No te va a pagar nada y a la chin… –le dijo Miguel Ángel Sáenz.

-¿Pero por qué?. Explíquele Mayor –le pidió Roberto.

-Chin… tu m…, tienes dos días para irte –lo amenazó Miguel Á. Sáenz. –Te vamos a quitar tu pin… carrito de hamburguesas.

Roberto además de trabajar como auxiliar administrativo, vendía hamburguesas por la noche.

-¿Pero por qué, de qué se trata? –reaccionó Roberto.

-No te hagas pen… –le dijo y lo empezó a golpear. –Ya te dijimos que te vas a ir.

 

LA AGRESIÓN Y ROBO

El domingo 29 de mayo de 2011, según está asentado en una denuncia, le tocaron a la puerta de su casa en Rincón La Merced. El actual delegado de INAES llegó junto con otras ocho personas. 

-No te dije que te largaras a chin… tu madre –lo volvió a amedrentar Miguel Ángel. -No sabes con quién te metes, pen….
Empezó a agarrar las cosas y tirarlas y empezaron a golpear a Roberto. “Me hicieron firmar la factura de un carro de mi papá, de una motocicleta. La de mi tía yo tenía la factura.  Me rompieron la credencial de elector”, relata Roberto, todavía con coraje.

Lo subieron a una camioneta del municipio y Roberto se defendía apenas con palabras. -Ya déjate, que no ves que no puedes –le dijo alguien.

Miguel Ángel Sáenz manejaba la camioneta y lo llevaron por los rumbos de una plaza comercial en el bulevar Rodríguez Triana. Una de las personas se comunicó con el mayor Eduardo Guadarrama. -Ya tenemos a este cabrón aquí, qué hacemos –preguntaron por teléfono. -Tú sabes para dónde, vamos a colgarlo –dijo Benjamín, otro exfuncionario.

Volvieron a la casa y estaba abierta. Ahí llegó Eduardo Guadarrama. “Esto ya se salió de control”, dijo Guadarrama. Le hablaron a su ex esposa para amenazarla y atemorizarla. Lo siguieron golpeando como a un costal de box.

“Me golpearon con una arma que traía Miguel, me decían que me iba a ir a la chingada, que pensara en mis hijos. Me preguntaron qué más tenía y hablaron con mi ex esposa. Fueron a la casa de mis hijos y se robaron una pantalla. Yo me desmayé”, cuenta Roberto.

En su casa rompieron todo. Le entregaron un boleto de autobús para que se fuera a Veracruz. Roberto decidió cambiar el boleto por el dinero, porque le quitaron su carrito, su asador, su tanque de gas y lo dejaron sin empleo. No salió de su casa en dos meses.
Visitó al entonces alcalde Eduardo Olmos y éste le prometió que le ayudaría, que no lo hiciera público. No pasó nada.

En septiembre y noviembre de 2012, puso la denuncia y la ratificación. “No haga pública la denuncia, le van a regresar sus cosas”, le dijeron en la Procuraduría de Justicia.

Seis meses después lo mandó llamar Xavier Herrera Arroyo, actual gerente del Simas Torreón. “Ya vi tu caso, me dijeron que te ayudara. Te damos 60 mil pesos”, le dijo. “La pura camioneta cuesta eso”, le respondió Roberto. El valor de los bienes, según la denuncia, era de 160 mil pesos.

Ya sigo hasta que me maten”.
Roberto Mendoza Martínez, denunciante.

‘Con engaños y acosoquieren que desista’

Desde 2013 trajeron a Roberto Mendoza, de un lado para otro, pero puso nuevamente su puesto de hamburguesas y el municipio lo acosaba. “Me mandaban a Plazas y Mercados y me quitaban la mercancía”, recuerda.

Denunciaron las omisiones del Ministerio Público: no se integró una debida averiguación previa, no se citaron a declarar testigos, a inculpados, no hay dictámenes de peritos, no hubo reconstrucción de hechos.

En 2015 encontraron los expedientes de la denuncia y en octubre llegaron a un acuerdo en la Procuraduría. El actual delegado, Gerardo Márquez, le dijo: “Los vas a afectar porque son funcionarios, que solo sea por agresiones y llegamos a un acuerdo. Si hacemos acción penal no te van a pagar nada, le dijo el delegado”. Ese acuerdo incluía que le regresaran o pagaran sus pertenencias. “En un mes te vamos a pagar”, le aseguraron, además de que está asentado en el oficio firmado por todos los involucrados. A la fecha no le han pagado.

“Me los topo y me dicen que me espere. Miguel Ángel me amenaza diplomáticamente, me dice que me puede pasar lo mismo. Que no me arriesgue, que tengo dos hijos. Yo nomás le pido que me regrese lo mío”, cuenta Roberto.

El ciudadano ya envió escrito a la Función Pública y al INAES, los últimos le contestaron y aseguraron que verían su caso.

 

El dato

> Mendoza Martínez dijo que los expedientes se perdieron y que de la Procuraduría de Justicia lo citaron junto con los involucrados y acordaron que tendría su dinero de vuelta.