Cabría esperar en todo ello que no estemos ante un episodio más del uso faccioso de las instituciones públicas tan característico de nuestro país

Ayer circuló un documento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que consigna la recepción de una solicitud, remitida por la Fiscalía General de la República, para que se inicie el juicio de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien se considera probable responsable de tres delitos.

De acuerdo con el documento, al mandatario tamaulipeco se le habría iniciado en la FGR una investigación por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Como era de esperarse, la difusión de la noticia generó de inmediato una auténtica tormenta política.

Si el gobernador García Cabeza de Vaca es o no responsable de las conductas que se le imputan es algo que en su momento resolverá un juez, pero dada su condición de funcionario electo, en este momento la discusión no es de carácter estrictamente judicial, sino de naturaleza política.

Por ello justamente, la respuesta ha sido de carácter político y en ese sentido se han pronunciado, el mismo mandatario, así como sus colegas, la dirigencia nacional de su partido (Acción Nacional), los legisladores federales del PAN y, en general, los actores relevantes de dicha fuerza política.

El señalamiento ha sido unánime: el Gobierno de la República busca desviar la atención frente a las graves irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación ha expuesto en la cuenta pública de 2019, correspondiente al primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y ganar terreno en el contexto del proceso electoral de junio.

En otras palabras, el PAN acusa al Gobierno de la República de haber iniciado una “persecución política” en contra de sus adversarios a partir de una acusación que se califica de irreal y cuya única intención sería debilitar a un adversario electoral.

Los posicionamientos políticos de uno y otro lado deben ser tomados, desde luego, justamente como lo que son: señalamientos que se realizan en el plano de la lucha por los votos. Pero tampoco pueden desestimarse sin más, porque no se trata de un simple trascendido o de un rumor que corre de forma soterrada, sino de una acusación formal.

Tampoco puede soslayarse el hecho de que estamos en la víspera de arrancar una campaña electoral caracterizada por un clima de rispidez y crispación social particular, en el cual el Gobierno de la República -como ocurre siempre en estos casos- se juega demasiado.

Cabría esperar en todo ello que no estemos ante un episodio más del uso faccioso de las instituciones públicas tan característico de nuestro país. Y para creer que no es así, vale la pena decirlo con claridad, no basta que el titular de la FGR salga a decir que está actuando “con apego a la ley”.

Habrá que seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos en las próximas horas, pero ni duda cabe que este hecho ha colocado, en máxima ebullición, el caldero de la contienda electoral de este año.