Una idea ampliamente conocida señala que, cuando el Gobierno carece de intenciones para resolver un asunto o enfrentar una determinada problemática, la mejor ruta para evadir el compromiso es “crear una comisión” a la cual se encargue la tarea de investigar, indagar, informar y recomendar.

La fórmula es, sin duda alguna, genial, pues permite salirse con la suya aparentando exactamente lo contrario. En otras palabras, permite dar la impresión de que se está haciendo un esfuerzo genuino por resolver el problema cuando en realidad la intención es exactamente la opuesta.

No hace falta realizar un gran esfuerzo para localizar, hurgando en el pasado reciente, múltiples ejemplos de este tipo de estrategia gracias a la cual nuestros gobernantes han logrado transitar por el servicio público sin transformar la realidad.

Resulta importante señalar aquí que el ingrediente fundamental para que la receta funcione es el tiempo. Y este juega a favor del modelo en dos vías: en lo inmediato, permite que la exigencia “se enfríe”; a largo plazo vuelve inútiles los esfuerzos o permite abandonarlos debido a los relevos gubernamentales.

Toda proporción guardada, pareciera que quienes diseñaron el Sistema Nacional Anticorrupción –reflejo del cual son los sistemas locales– le apostaron a “la fórmula de la comisión” como estrategia para aparentar que se combate el fenómeno, pero sin hacerlo realmente.

El problema con “la fórmula de la comisión” es que requiere, necesariamente, que ésta sea desmantelada en algún momento, o que se oficialice la conclusión de sus trabajos. De otra forma el invento se vuelve contra su inventor.

Un buen ejemplo de esta circunstancia es la incesante presión que recibe la Fiscalía Anticorrupción para que ofrezca resultados concretos a partir de los cientos de denuncias promovidas ante ella por presuntos actos de corrupción.

Durante sus primeras semanas de vida, la Fiscalía podía actuar como una “comisión” y jugar a que la situación “se enfriará”, es decir, que la exigencia ciudadana por ver juicios en proceso y personas en la cárcel, disminuyera.

El problema es que, al ser una instancia de carácter permanente, el plazo para “jugar a la comisión” se agota de forma inevitable y eso implica que la demanda por resultados concretos crezca y se vuelva cada vez más agria porque el paso del tiempo va dejando cada vez más clara la ausencia de vocación para hacer cumplir la ley.

La Fiscalía de Jesús Homero Flores Mier tiene en sus escritorios cientos de denuncias por presuntos delitos de corrupción, pero sólo ha logrado llevar nueve casos ante los jueces y concretar acuerdos de reparación en otros 52. Las cifras no parecen justificar el gasto en un órgano especializado.

Con más de un año de gestión, la Fiscalía Anticorrupción tendría que haber logrado algo más que sólo explicar de forma intermitente las razones por las que no registra avances significativos en el combate a la corrupción. Cabría esperar que sus integrantes entiendan a la brevedad que el tiempo para seguir haciendo ruido, pero sin entregar nueces, ha expirado ya.