Los consejeros del INE mencionan constantemente que en 2018 será la elección más difícil de la historia, porque en julio entrante se elegirán presidente, 128 senadores y 500 diputados. A esto hay que sumarle las 30 elecciones locales que se llevarán a cabo de manera simultánea.

Tienen razón. Las elecciones de 2018 serán las más complicadas, pero no por la cantidad de trabajo, sino porque las autoridades han perdido credibilidad.

Las dudas sobre su actuar no son nuevas. Comenzaron con una desafortunada e incompleta reforma de 2014 y continuaron en otros capítulos: cuando los partidos eligieron a los consejeros y magistrados a partir de su cercanía; con las exoneraciones y reducciones de las multas al Partido Verde, a pesar de su constante desafíos; con las múltiples sentencias a modo y sin lógica jurídica por parte de los integrantes anteriores de la Sala Superior del Tribunal Electoral; y con el silencio y la justificación frente a los escandalosos abusos e injerencias gubernamentales en las elecciones de Coahuila y el Estado de México.

Algunos funcionarios del INE justificaron su actuar ante la falta de facultades legales. Pero aún en ese supuesto, hubo votaciones y opiniones diferentes. Además, olvidaron su papel político como autoridad que podía alzar la voz y señalar los ilícitos. No faltó el consejero que reclamó pruebas a la ciudadanía o al reportero que documentó los hechos, olvidando que en democracia la denuncia basta para que el órgano competente lleve a cabo una investigación.

Estamos en la antesala de la elección de 2018 y los nubarrones se asoman.

El 21 de julio, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Jacqueline Peschard, presidenta del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, declaró que "la corrupción del sistema ya invadió los procesos electorales". Se trata de la captura de las instituciones por parte de los partidos políticos y un gran número de sus dirigentes. Los mismos que aprueban las leyes y sus reformas, los que nombran a las autoridades, la ampliación discrecional de sus plazos y en su caso su remoción, los mismos que se destinan millonarios recursos.

Precisamente, el pasado 18 de agosto, el Consejo General del INE aprobó 6 mil 778 millones de pesos para los partidos en 2018, cifra récord, que habrá que sumar a los más de 5 mil millones que se repartirán para las elecciones locales, dando un total que supera los 12 mil millones.

Sólo en términos comparativos, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, cuenta con un presupuesto este año de 160 millones de pesos, es decir el 1.33% de lo que recibirán los partidos. En pocos días, el INE votará su propio presupuesto. Mientras que en 2012 éste fue de 10 mil 661 millones de pesos, para 2018 se espera un incremento arriba del 50%.

El mismo 21 de julio, después de muchos cuestionamientos por su actuación en las elecciones en Coahuila y Estado de México, el INE aprobó los Lineamientos para Garantizar la Equidad entre los Participantes en la Contienda Electoral 2017-2018. Mediante estas novedosas reglas "Queda prohibido a cualquier aspirante la realización, difusión, compra, adquisición, aprovechamiento o beneficio de cualquier tipo de propaganda o mensaje publicitario contratado, adquirido, pagado, en el que se promocione o promueva una opción política, precandidatura o candidatura antes de los plazos previstos legalmente, cualquiera que sea el medio que se utilice para su difusión".

Este Acuerdo es el que mayor número de impugnaciones tiene en la historia mexicana (más de 300), comenzando con la hecha por la Presidencia de la República a través de su Consejería Jurídica. El Tribunal por su parte, tiene que resolver la nulidad de las elecciones en Coahuila y los recursos en contra de los lineamientos, entre muchos otros asuntos.

Los integrantes de los órganos de dirección del INE y de la Sala Superior del Tribunal Electoral están frente a una temible realidad. Se requiere de una actuación decidida, responsable y audaz. No más complicidades. Aunque en ello vaya su cargo.