El 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de justicia penal. Sus ejes rectores fueron tres: fortalecer al sistema nacional de seguridad pública, crear herramientas para combatir la delincuencia organizada y cambiar el sistema penal inquisitivo-mixto a un sistema acusatorio y oral, para la cual se dio un plazo de ocho años.

Hoy, a un año de su inicio estamos enfrentando los retos y paradigmas que representa la nueva forma de impartir justicia. 

El esfuerzo por dar a conocer a la sociedad civil la importancia de esta transición no ha sido suficiente, todavía hay quien no sabe de qué se trata esto o por qué representa un cambio tan radical y por si fuera poco algunos políticos han aprovechado el tema para generar polémica y proponen dar marcha atrás a algo que sin duda representa un avance como País en términos de justicia.

Es necesario que los ciudadanos estemos informados, todos podemos ser víctimas y necesitamos conocer nuestros derechos y denunciar las fallas, además el nuevo sistema se enfoca principalmente en la reparación del daño, lo cual surge de un proceso de interacción entre autor y víctima promoviendo la recomposición, la revinculación y la paz social. 

El componente que más atrajo la atención de la sociedad han sido los “juicios orales”, los cuales permiten brindar justicia de manera más rápida. Son audiencias públicas en las que la parte acusadora y la defensa debaten sus posturas. Al ser públicas, la ciudadanía puede realizar un escrutinio en los juicios, entrar y observar, escuchar y comprender. Este principio alude a lo que debería ser la regla: la justicia penal no es un asunto de abogados y policías, sino un tema social.

La controversia es presidida por un juez (irremplazable) que debe escuchar a ambas partes y valorar las pruebas para poder dictar la sentencia que determine la culpabilidad o inocencia del imputado (ósea el posible culpable) y deberá dar la explicación en un lenguaje sencillo.

El objetivo ya no es aplicar penas, sino llegar a acuerdos para reparar los daños, auxiliados por un especialista en mediación o bien en conciliación. No procede en casos donde exista un interés público importante, como los delitos que atenten contra la seguridad nacional o en ilícitos como violación, homicidio o extorsión.

Existe además la posibilidad de llevar un proceso abreviado, donde el imputado tiene la posibilidad de aceptar su responsabilidad, evitándose realizar un juicio más largo que genere desgaste emocional y económico a la víctima. 

Todo imputado tendrá siempre la “presunción de inocencia” hasta que en su caso se demuestre lo contrario; de ser declarado culpable, el imputado adquirirá el carácter de sentenciado y su caso tendrá el seguimiento de un juez de ejecución de sanciones penales.

Este conjunto de mecanismos busca tener una justicia orientada a las víctimas, además de ser más transparente y eficaz, de tal suerte que solamente un porcentaje menor de los asuntos lleguen a la etapa de juicio oral, lo que nos permitirá disminuir costos, concluir expedientes, descongestionar el sistema y concentrar esfuerzos en atender casos realmente graves.

El cambio no será inmediato, para que el sistema funcione a la perfección, hay que exigir un gran esfuerzo en la capacitación, reforzar las capacidades de investigación, así como las habilidades orales y administrativas y la implementación urgente de un código nacional único de procedimientos penales, de una ley de evidencia de prueba y una ley general de delincuencia organizada, fortalecer a las unidades de medidas cautelares (Umecas) y dotarlas del presupuesto, recursos humanos y equipamiento necesario para la evaluación de riesgos procesales y la supervisión de las personas que enfrentarán procesos en libertad.

En fin, la justicia es un tema aspiracional. Si Usted quiere conocer más de este tema, lo esperamos mañana a las 9:00 horas en el auditorio de Jurisprudencia, donde se realizará el foro #Ciudadanízate-Justicia, donde los expertos nos darán los detalles de los retos a los que hoy México se enfrenta como la creación de fiscalías autónomas. 

Alejandra Wade @alewade
Directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila AC @CCICOAH

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