La perversidad de las ocurrencias

Era 28 de diciembre, Día de los Inocentes, pero la ironía tardaría casi seis meses en consumarse. En aquella visita, la primera como presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador abarrotó el Teatro Nazas de Torreón y asumió como compromiso propio el continuar la obra del Metrobús Laguna en Gómez Palacio y Lerdo. Incluso prometió asignar una partida de 474 millones de pesos. El anuncio se vio interrumpido por los aplausos generalizados, tan estridentes como los que recibió el pasado domingo 16 de junio, cuando con la ya consabida microconsulta a mano alzada, decidió cancelar la obra; esa obra que, apenas seis meses antes, él mismo había calificado de necesaria y progresista.

Las críticas a la decisión presidencial apuntaban también a la casi nula representatividad que tenían los asistentes al acto público donde el mandatario lanzó la pregunta. Incluso la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, aseguró que 7 de cada 10 votantes opositores al Metrobús, ni siquiera eran habitantes de la región. Pero el trasfondo es más complejo que el impulso político de la vanidad y la pretendida omnipotencia presidencial (ya de por sí gravísimos síntomas de autoritarismo): si Andrés Manuel está pagando con la cancelación del Metrobús un favor político a grupos transportistas que desde siempre han rechazado la obra y que apoyaron abiertamente las campañas de Morena en las pasadas elecciones del 2 de junio, que el partido ganó en Gómez Palacio abanderando a la expriista Marina Vitela, ¿entonces dónde está la nueva forma de hacer política? ¿dónde está la transformación? ¿dónde queda el pueblo, si no es prioridad? ¿dónde queda la intención de dotar a la ciudadanía de servicios eficientes, en una región donde 8 de cada 10 camiones están fuera de norma al rebasar la antigüedad máxima permitida por los reglamentos de transporte?

Es verdad que la obra del Metrobús en La Laguna de Durango ha estado entrampada desde un inicio. A diferencia de Torreón y Matamoros, donde la obra metropolitana sí comenzó a construirse, en La Laguna de Durango no había ni siquiera un proyecto claro, incluso se autorizó una primera partida federal de 180 millones de pesos que no bajaba porque las autoridades estatales prácticamente se desentendieron del asunto: el exgobernador priista Jorge Herrera Caldera nunca estuvo de acuerdo con la obra, pero el actual mandatario, el panista José Rosas Aispuro, tampoco es que haya metido ningún acelerador. También es verdad que buena parte de la ciudadanía gomezpalatina y lerdense ha manifestado mucha reticencia ante el pésimo ejemplo que han dado las autoridades de Coahuila en el tema del Metrobús, ya que parecen avanzar con el freno de mano puesto, con demasiadas molestias a la ciudadanía y recurrentes recalendarizaciones (tantas que una obra que al inicio se dijo que sería inaugurada en noviembre de 2017, ahora tiene como plazo final enero de 2020). La obra no se ha caracterizado en absoluto por su pulcritud técnica y financiera, todavía no hay un modelo de negocio bien consensuado con los transportistas, pero constituye un intento de mejorar las opciones de movilidad en una región donde el tema se ha desatendido olímpicamente.

Esta semana en el programa Contextos, de Grupo Radio Estéreo Mayrán, tanto el director de la empresa SITRO (encargada de la obra), Francisco Castañeda, como el director de Movilidad del gobierno de Durango, Eugenio Soto Landeros, coincidieron en que pese a la determinación presidencial, el Metrobús en La Laguna de Durango sigue en pie y, de hecho, según el funcionario estatal, la obra física está contemplada para iniciar en julio, de modo que concluya en la misma fecha que tienen marcada Torreón y Matamoros: enero próximo. El propio delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, declaró que la obra no está cancelada, sólo suspendida para revisarla a fondo. ¿Cómo repercutiría en la imagen del presidente López Obrador si se desdice de la cancelación? ¿acentuaría la percepción, ya de por sí instalada, de que es un mandatario de ocurrencias, un político visceral más que un jefe de estado?

Incluso, si AMLO continuara con la decisión de cancelar el Metrobús y, en sustitución, emprendiera las acciones de agua y salud que prometió tras la consulta a mano alzada, concretamente la de terminar el hospital de especialidades de Gómez Palacio, entonces haría bien, en aras de la bandera anticorrupción que blande en su discurso, en ejercer mano dura ante la serie de inconsistencias que esa otra obra ha tenido a lo largo de su ejecución durante la pasada administración estatal y que la propia Auditoría Superior de la Federación reportó desde diciembre de 2016, como deficiencias en la documentación que la empresa ganadora de la licitación entregó al momento de participar, costos inflados en material y acarreos, la ausencia de peritos y responsables de obra cuando se reportaron gastos por ese concepto, la falta de permisos ambientales y una serie de observaciones que, en un país donde prevaleciera el estado de derecho, habrían sido más que suficientes para que la obra fuera suspendida. Pero ésta continuó y el hospital no ha sido oficialmente inaugurado.

Más allá de lo que pase con el Metrobús, el presidente López Obrador ha enviado señales más que alarmantes sobre la forma en que está tomando decisiones, pero parece no temerle al costo político. El tsunami que lo llevó a la presidencia puede perder intensidad al punto de convertirse en un tímido oleaje, pero da la impresión de que no se están calculando los riesgos. Gobernar un país en crisis tomando la ruta de la ocurrencia, más que irresponsable, es incluso perverso.