Este Gobierno tampoco ha sido capaz de pacificar al país y su fórmula ha fracasado con el mismo estrépito que los anteriores

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirmó ayer lo que adelantaban todas las proyecciones: 2019 ha sido el año más violento de la historia del país al registrar un crecimiento del 5.76 por ciento en los delitos contra la vida y la integridad corporal.

Preocupa de manera particular el delito de homicidio, que en términos generales registró un incremento del 2.29 por ciento en el número de víctimas, pues durante 2019 fueron asesinadas 52 mil 2 personas, mientras que durante 2018 se registraron 50 mil 837 decesos.

Y aunque la proporción de homicidios dolosos -respecto del total- se mantuvo en 66 por ciento, el número de víctimas de este delito creció de 33 mil 743 en 2018 a 34 mil 582 el año anterior.

Desde que la violencia se apoderó de las calles de nuestro país, los mexicanos hemos tenido clara la fórmula para juzgar las estadísticas delictivas: si el número de personas asesinadas en el territorio nacional crece de un año a otro eso indica que la estrategia utilizada por el Gobierno Federal para contener el fenómeno ha fracasado.

Y frente al fracaso dibujado por las cifras la posición ha sido muy clara desde hace dos sexenios: demandar de las autoridades el reconocimiento de su ineficacia y la modificación de la estrategia utilizada para hacer frente a la auténtica masacre que se escenifica en nuestras ciudades.

Esa fue la posición que adoptamos durante el sexenio de Felipe Calderón; esa fue la posición que sostuvimos durante la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué debería ser diferente en esta ocasión?

El argumento de que se “heredó” un desastre y que la inercia del pasado es la causa de que no se haya contenido la violencia es absolutamente inaceptable. Y lo es porque no se lo aceptamos a Calderón ni a Peña Nieto. En ambos casos se les demandó que asumieran sus responsabilidades e incluso se le advirtió a los responsables de la seguridad que si no podían con el paquete renunciaran.

No hay razón entonces para juzgar de forma distinta al actual Gobierno de la República ni para disminuir un ápice el reclamo que de forma sistemática venimos formulando a los responsables de garantizar nuestra seguridad desde hace casi tres lustros. Cada uno de los 52 mil 2 seres humanos que fueron privados de la vida en los 12 meses precedentes no merecen eso.

La verdad está hoy crudamente ante nuestros ojos y es una sola: este Gobierno tampoco ha sido capaz de pacificar al país y su fórmula ha fracasado con el mismo estrépito con el que lo hicieron en su momento las estrategias de Calderón y Peña Nieto.

El país sigue siendo sistemáticamente convertido en un cementerio y los delincuentes -organizados o no- siguen actuando como un poder por encima del poder público.

No se trata, desde luego, de conformarnos con sumar un gobierno más a la lista de fracasos, sino de insistir en lo que hemos sostenido en los últimos años: necesitamos con urgencia una solución al problema de la violencia que ahoga al país. Y encontrar esa solución pasa necesariamente por el reconocimiento de que la actual estrategia ha fracasado.