Las estridentes alertas del encierro

No todos los momentos de adversidad forjan carácter, algunos simplemente lo revelan o lo exacerban. Y en ese sentido, el aislamiento social al que ha obligado la pandemia del COVID-19 también ha sacado a relucir tanto los más encomiables gestos como las ruindades más atroces de individuos y colectividades. Pero para los países como el nuestro, que ya venían deslizándose –descarrilados y sin frenos– a través de una pendiente de incertidumbre, el mundo postcoronavirus puede ser un sitio deleznable.

Durante 2019, la incidencia sin precedentes de casos de violencia intrafamiliar había encendido todas las alertas. La cuarentena, que ya se advertía como un peligroso catalizador de estas conductas, ha desquiciado los teléfonos de las corporaciones de seguridad y los organismos de atención a víctimas: durante marzo, cuando inició el confinamiento, las llamadas denunciando abuso sexual, acoso, violación y agresiones, se dispararon a 115 mil 614. Es decir: 3 mil 729 por día o, para dimensionarlo mejor, 155 cada hora. 

El registro a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arroja que la cifra de marzo es 28 por ciento superior a la de enero y 22 por ciento mayor que la de febrero.

Pero si todo ese mundo de reportes se desglosa, destaca que las atenciones por violencia de género llegaron en marzo al peor número del que se tenga registro (es decir, enero de 2015, cuando inició oficialmente el conteo), con 26 mil 171 incidentes. Los reportes por abuso sexual fueron 545, un 41 por ciento por arriba del reporte de enero y los de acoso totalizaron mil 017, la mayor cifra de cualquier mes desde hace un lustro.

En el caso de Coahuila, la entidad reportó 12 mil 365 llamadas al 911 por violencia, abuso, hostigamiento, violación y violencia familiar y de pareja. Del total, 4 mil 634 casos corresponden a marzo y la tasa por cada 100 mil habitantes ubica a la entidad como la tercera a nivel nacional con el mayor número de reportes por violencia contra la mujer, la sexta por hostigamiento y la octava por violencia familiar.

Cuando se tratan de explorar las causas del incremento, se aduce al estrés, a la angustia y a la zozobra que acompañan una cuarentena forzada y que se potencian cuando además hay presiones económicas y pérdida del empleo, todo lo cual ya es en sí mismo una tragedia. Pero esa inercia violenta ya venía encarrilada de tiempo atrás: la violencia familiar había alcanzado un récord el año pasado al totalizar 202 mil 409 denuncias en todo el País.

Lo preocupante es que en un escenario de mayor precariedad, como lamentablemente será el México postcovid-19, estas conductas violentas se disparen todavía más. Y no sólo en ese tipo de delitos, sino también en los patrimoniales, que en el caso del robo a comercio y a casa habitación tuvieron ya un repunte del 40 por ciento, según indicó esta semana el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, quien convocó en Torreón a una sesión extraordinaria del Plan Regional de Seguridad Ciudadana con el objetivo de comenzar a rediseñar las estrategias policiacas y de procuración de justicia. Y es que, como han advertido diversos sectores de la sociedad civil, un agravamiento de la crisis económica que está dejando la pandemia del coronavirus podría generar una perniciosa crecida de la actividad delincuencial.

Y aun cuando sería muy estúpido –además de terriblemente injusto– asumir que cada persona desempleada podría convertirse en un delincuente potencial, las autoridades de seguridad pública deben advertir una situación de riesgo en la pasmosa pérdida de empleos, sobre todo en el sector informal y en esas frágiles y subrepticias economías que son, para miles de personas, su único sustento. Coahuila ha perdido en las últimas semanas 42 mil empleos, de los que al menos 31 mil corresponden al ámbito informal. 

Ahí hay una alarma, una más, resonando en este caótico escenario.

@manuserrato
Manuel Serrato

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