Motivos para desconfiar del árbitro electoral

Soy un convencido de que la democracia no se ha instalado en Coahuila pese a que consejos ciudadanos organizan las elecciones desde hace 27 años.

Antes de 1990 (fecha en que desapareció la Comisión Federal Electoral dependiente de la Secretaría de Gobernación), las condiciones de los procesos eran inequitativas y sus resultados consecuentemente engañosos. No aplicaban entonces los principios rectores de la función electoral: certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y máxima publicidad.
En los últimos 27 años, sin embargo, la situación sigue siendo la misma con IFE o INE, con IEPC o IEC: la democracia en Coahuila es un animal mitológico, en tanto no haya alternancia política.

Prueba de lo anterior es lo declarado el pasado 24 de marzo en televisión nacional por el exgobernador Humberto Moreira, quien reveló en una frase referente al mandato de su hermano Rubén cómo funciona la democracia en Coahuila: “yo lo puse”.
Esas tres palabras, por sí mismas, obligan a poner en tela de juicio todo lo actuado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, de 2006 a 2015. Si bien se trata de actos concluidos, e incluso el IEPC fue mañosamente liquidado a diferencia de otros institutos electorales en el País que simplemente fueron reformados, hay que marcar con un asterisco el desempeño de sus integrantes. Como las estadísticas de un deportista, ya retirado, ensombrecidas por acusaciones de dopaje.

Y no hay que olvidar su nivel real. Cuando quiso entrar al nuevo Organismo Público Local Electoral quien fungió como presidente del IEPC (y permaneció nueve años en su Consejo), Leopoldo Lara Escalante, ni siquiera aprobó el examen de conocimientos. Y Alejandro González Estrada, consejero durante seis años, tampoco pasó la prueba de ensayo que requería la convocatoria, aunque posteriormente fue revivido por el INE y colocado en el IEC por la puerta de atrás.

En 2017, fiel a la costumbre, tampoco tenemos motivos para confiar en el árbitro electoral de Coahuila. Cada partido político, y cada ciudadano particularmente, tendrán una percepción del Instituto. Al respecto mencionaré sólo dos casos puntuales, recientes, que no son del conocimiento público y denotan vinculación al Gobierno del Estado por un lado, y un mal manejo de los recursos públicos, por el otro.

A mediados de enero del presente año, María Antonieta Gil Valdés asumió la Dirección Ejecutiva de Administración del IEC. Es, en otras palabras, quien controla los 374 millones de pesos de presupuesto en el proceso electoral más importante de la historia reciente, pues.

Ella, cabe señalar, fue dependiente directa de María Esther Monsiváis, extitular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, quien fuera exhibida por el periódico Reforma como la dueña de una empresa fantasma que facturó 71 millones de pesos al Gobierno del Estado, y depuesta del mismo en noviembre de 2016.

María Antonieta presentó su renuncia el 15 de enero de 2017 a la Seint, donde fungía como subsecretaria de Infraestructura de Obra Pública, como consta en el oficio SEINT/UT/061/2017. Sin embargo, desde el día 13 del mismo mes ya había sido designada como “Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Electoral de Coahuila”, como consta en el oficio SE/0228/2017, sin que mediara prueba de aptitud o convocatoria alguna, “puesto que la naturaleza de tal designación no lo requiere”, dice el documento que firma el secretario ejecutivo Francisco Javier Torres Rodríguez.

Pudo llegar de la iniciativa privada, de organizaciones civiles, o directamente del desempleo; pero no, llega por transferencia de la oficina más cuestionada por corrupción en el sexenio de Rubén Moreira.

Otro tema, de cuantía menor, pero altamente ilustrativo: en 2016 el IEC pagó una suscripción por siete meses a un periódico de circulación nacional (La Jornada) en 83 mil 250 pesos, según el oficio DEA/178/2017.

Si bien se trató de 10 ejemplares diarios, a decir del IEC, el total implica que por cada unidad gastó 40 pesos, cuando su valor comercial –sin suscripción– es 10 pesos.

No es el monto lo importante, repito, sino el hecho.

Cortita y al pie

Ahora bien, tampoco el INE da confianza. Hace 90 días fue presentada una queja para remover al consejero electoral Alejandro González Estrada, debido a su notoria subordinación a David Aguillón del PRI, pues conversaciones de texto entre ambos indican que incumple con al menos cinco de seis principios rectores de la función electoral. No hay forma de evadirse: cuadrando fechas y horas de las conversaciones, con las actas de sesión, coinciden los temas en tiempo real.

¿Qué ha sucedido desde entonces? Nada. Es fecha que ni siquiera el INE revisa el expediente.

Mientras tanto, el calendario electoral avanza y ya estamos instalados en las campañas. Es decir, el ilícito denunciado (tráfico de influencias) se sigue consumando ante la falta de respuesta y medidas cautelares como separarlo del cargo sin goce de sueldo en tanto se desarrolla la investigación, por ejemplo.

La última y nos vamos

Después de todo, ¿hay elementos para ser optimistas? 

Sí. Los hay. Contra una votación copiosa, ni el árbitro ni el sistema político pueden imponer sus intereses. Y dentro de ocho domingos celebramos elecciones. Se puede.

@luiscarlosplata