NAICM: las sombras de la sospecha, otra vez

Uno de los proyectos que produjo un debate permanente durante la pasada contienda electoral presidencial es el relativo a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin duda la obra de infraestructura más importante iniciada durante el actual sexenio y que el hoy Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que cancelaría.

Las razones por las cuales el futuro Presidente de México introdujo el tema en la agenda de la campaña eran claramente electorales, pues su argumento se concentró en señalar que se trata de una obra “faraónica” que no resulta indispensable porque existe al menos una posibilidad adicional de resolver el problema de tráfico aéreo de la capital mexicana.

Sin embargo, no solamente surgieron consideraciones de carácter político, sino también una serie de dudas respecto de la forma en la cual habrían sido adjudicados los contratos para su construcción, proceso respecto del cual se sospecha el uso de tráfico de influencias.

La investigación que publicamos en esta edición arroja nuevas sombras de duda respecto del proyecto, pues de acuerdo con la información que se ha logrado conocer, un importante contrato del mismo estaría por ser entregado a un consorcio de empresas constructoras con antecedentes opacos. Las empresas mexicanas “Alvarga Construcciones” y “CAABSA”, así como la china “Sinohydro”, serían las presuntas beneficiadas.

El problema con ello radicaría en el hecho de que, en el caso de las primeras, existen antecedentes de incumplimiento en la realización de obras previamente adjudicadas y, en el caso de la última, se violaría la ley al permitirle ganar la licitación, porque las bases de la misma establecen que las empresas extranjeras sólo pueden participar si provienen de un país con el cual México tenga firmado un tratado internacional.

Adicionalmente, en el caso de la empresa Alvagra, la investigación realizada revela la existencia de nexos con importantes exfuncionarios del Gobierno Federal, entre ellos Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio Chong.

Los señalamientos que se realizan a partir de esta investigación no implican, necesariamente, que se ha cometido –o esté por cometerse– un acto ilegal, aunque el señalamiento relativo a la participación de la empresa china “Sinohydro” parece grave y tendría que explicarse la razón por la cual se le permitió participar en el proceso licitatorio, en primer lugar.

Sin embargo, más allá de la obligación de respetar el principio de presunción de inocencia, lo que también es cierto es que la historia nos ha proporcionado abundantes ejemplos de que en México los procesos licitatorios son aprovechados recurrentemente para que funcionarios públicos obtengan ganancias ilegales a partir del tráfico de influencias.

Por ello, sería de esperarse que el Gobierno de la República, e incluso el equipo de transición del futuro gobierno, realicen un esfuerzo extraordinario para transparentar este proceso y dejar claro que las licitaciones están siendo conducidas con apego a la ley.

También es de esperarse, desde luego, que las revelaciones no sean utilizadas solamente como pretexto para avivar discusiones cuyo propósito nunca es resolver los problemas colectivos, sino sólo generar ganancias políticas para quienes las protagonizan.