- 19 abril 2024
Notarios Públicos, los siempre ungidos; les dispensan hasta lo indispensable
Desde hace 38 años, muchos de los fedatarios son funcionarios o ex servidores impuestos por el gobernador en turno
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24 diciembre 2017
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Después de 38 años de que fue promulgada la Ley del Notariado, y tras nueve gobernadores que han pasado, los fedatarios siguen eligiéndose de la misma manera: los allegados al poder, y aquellos que sin cumplir con los requisitos de Ley, son favorecidos por la dispensa del gobernador en turno.
La Ley del Notariado de Coahuila fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 6 de febrero de 1979, hace ya 38 años, y aún con el mismo gobernador: Óscar Flores Tapia, el 24 de octubre de 1980, se hizo la reforma que le otorgaba al representante del ejecutivo en turno el poder de dispensar los requisitos primordiales para ejercer la fe pública.
Ese 24 de octubre de 1980 –menos de un año antes de la caída de Flores Tapia del poder-, se agregó un párrafo al artículo 76, del Capítulo Tercero, de los aspirantes al ejercicio del notariado.
“El Ejecutivo del Estado podrá, a solicitud del interesado, dispensar el cumplimiento de los requisitos a que se refieren las fracciones III, IV, y XI, cuando considere que el solicitante, esté suficientemente capacitado para el ejercicio de la función Notarial”. A partir de ahí nació la designación casi directa del Gobernador para los notarios, enviando los nombres al Congreso del Estado, para hacer un acto de protocolo.
SIN EXPERIENCIA
La dispensa del Gobernador en turno, de acuerdo con el párrafo agregado a la Ley en 1980, radica en que un aspirante a notario no acredite cuando menos tres años de experiencia en la práctica de la profesión de abogado.
También el Gobernador puede dispensar el requisito de haber desarrollado una práctica ininterrumpida en alguna notaria, cuando menos un año.
El tercer requisito dispensado es el más sensible para el actual Colegio de Notarios de Coahuila: haber aprobado el examen de aspirante a notario.
Sin embargo, la misma Ley señala que algunos requisitos serán certificados por un Consejo de Notarios, el cual, en Coahuila simplemente no existe, sólo el Colegio de Notarios, pero no es tomado en cuenta para ninguna función en conjunto con el Gobierno Estatal.
MOCHARSE EL DEDO
Óscar Flores Tapia, creador de la Ley y su reforma para dispensar requisitos, Francisco José Madero, José de las Fuentes Rodríguez, Eliseo Mendoza Berrueto, Rogelio Montemayor Seguy, Enrique Martínez y Martínez, Humberto Moreira Valdés, Jorge Torres López, y Rubén Moreira Valdez han concluido su etapa o período, y ninguno se “mochó” el dedo, como ha pedido desde hace años el Colegio de Notarios de Coahuila.
El Colegio de Notarios no sólo tiene la propuesta de una nueva legislación en la cual le “moche” el dedo al titular del Poder Ejecutivo, sino también que faculte a los notarios para utilizar medios electrónicos y que puedan realizarse trámites vía internet, ante notarios y ante el mismo Registro Público de la Propiedad, para terminar con su obsolescencia.
De acuerdo con el Colegio de Notarios de Coahuila que encabeza Armado Prado Delgado, en la última administración estatal se entregaron 122 fiats en dos tandas.
El Ejecutivo del Estado podrá, a solicitud del interesado, dispensar el cumplimiento de los requisitos a que se refieren las fracciones III, IV, y XI, cuando considere que el solicitante, esté suficientemente capacitado para el ejercicio de la función Notarial”. A partir de ahí nació la designación casi directa del Gobernador para los notarios, enviando los nombres al Congreso del Estado, para hacer un acto de protocolo”.
La primera parte fueron 41 fiats, la mayoría para sustituir a notarios fallecidos, en retiro y acéfalas, y únicamente se crearon siete nuevas notarias.
En la segunda tanda se repartieron 81 fiats, de los cuales 68 fueron nuevas, pero cinco no cubrieron en tiempo y forma los derechos o pago y no se les entregó número de notario, por lo cual no podrán ejercer la fe pública.
Tras la doble entrega de fiats, el ex gobernador Rubén Moreira declaró que el objetivo era abaratar el costo y que toda la población tuviera acceso a un notario público.
UN ARGUMENTO
“Que bajen las escrituras. Necesitamos que bajen los precios de las escrituras. En Suiza tiene 33 notarios públicos por cada 100 mil habitantes. Nosotros teníamos 10 por cada 100 mil.
Entonces tenemos que romper eso y que el notariado sea más accesible a todo mundo y que pueda bajar el precio de las escrituras”, fue el argumento principal del ex gobernador del Estado.
Sin embargo, tras la aprobación de la última tanda de fiats, en Congreso Estatal, el diputado local por el PAN, Jesús de León Tello, anunció que presentaría un amparo para evitar que los nuevos notarios entraran en funciones.
De León dejó el Congreso Estatal para aspirar a un cargo de elección popular y no ha demostrado que su amparo haya ingresado ante el Poder Judicial de la Federación.
Por su parte, Armando Prado Delgado, presidente del Colegio de Notarios de Coahuila explicó que el gremio no se puede amparar en contra de la entrega de los nuevos fiats porque la Ley no faculta y carece de representación legal.
NUEVA LEGISLACIÓN
“Esperemos que la nueva legislatura sí nos escuche y promulgue una nueva Ley del Notariado a fin de dar certeza jurídica a nuestra sociedad”, señaló.
El Colegio de Notarios no está en contra de la entrega de fiats, sino de la dispensa de los requisitos con los cuales un aspirante demostraría ser apto para ejercer la fe pública.
Prado Delgado ha dicho en diferentes ocasiones que la novatez de los notarios no sólo perjudica al gremio, sino también a quienes los consultan para realizar algún trámite, que de manera posterior tienen que enmendar los notarios con mayor experiencia, porque simplemente desconocen la reglamentación y procedimientos.
La prueba de que las notarías son entregadas a ex funcionarios sin experiencia en la fe pública es que muchos de ellos no han ejercido nunca la fe pública.
En la lista de notarios que hay con licencia se puede encontrar a alcaldes, ex alcaldes, diputados, ex diputados y demás funcionarios, quienes mantienen la patente vigente, pero no tienen abiertas sus puertas para atención al público.
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