‘Partido de la Gente’, ¿ya descansa en paz?

El Tribunal Electoral del Estado comunicó ayer a las partes en el expediente electoral 93/2016, de su resolución respecto de la controversia sometida a su consideración: la modificación al lema y emblema, propuestos por el Partido Joven para ser identificados por la ciudadanía durante el actual proceso electoral, no cumplen con los parámetros democráticos.

Como se informó en su oportunidad, el citado partido planteó al Instituto Electoral de Coahuila modificar su lema y emblema para llamarse en adelante “Joven el Partido de la Gente” y tener como emblema, ¡el logotipo de la administración de Humberto Moreira Valdés!

No hacía falta ser especialistas en derecho electoral para considerar no solamente un despropósito, sino un atentado a los principios democráticos la pretensión de este partido que, por la actitud con la cual litigan públicamente sus representantes, pareciera ahora dedicado a reivindicar la imagen del exgobernador y exdirigente nacional del PRI.

Con independencia de los argumentos legales utilizados por el Tribunal Electoral que preside Valeriano Valdés Cabello para argumentar en el sentido de ratificar el acuerdo del IEC, mediante el cual se negó la pretensión del Partido Joven, es preciso señalar que el fallo judicial defiende la existencia de un piso mínimo de ética política.

Y es que tratar de ampararse en el hecho de que la legislación electoral sólo prohíbe el uso de expresiones y símbolos raciales o religiosos en la confección del lema y emblema de los partidos constituye un acto de oportunismo electoral, por decir lo menos.

El logotipo y el slogan promocionales que durante la administración del denominado “Gobierno de la Gente” se utilizó para identificar las acciones públicas implicó la inversión de millones de pesos en su reproducción a través de medios perecederos e imperecederos.

De estos últimos, miles de reproducciones –en múltiples tamaños y elaborado en los más diversos materiales– se encuentran adosados a la infraestructura urbana por todo el territorio estatal. Pretender patrimonializar este gasto público a través de un partido político era un acto claramente contrario a las reglas democráticas.

En el extremo, la intentona del Joven se hubiera alzado como un inédito –y peculiar– caso de desvío de recursos públicos a favor de un partido con el propósito de garantizarle votos a una fuerza política que, al menos hasta ahora, no ha demostrado poseer, por sí sola, ningún arraigo popular.

Han hecho bien, sin duda, tanto el órgano administrativo como el jurisdiccional de Coahuila, en frenar el intento de secuestrar para beneficio particular un bien público.

Y aunque los promotores de la idea muy seguramente acudirán al Tribunal Electoral Federal –como ya lo intentaron en primera instancia– cabría confiar en que aquél tampoco avalará el despropósito de que en Coahuila se inaugure la era de colocar en la mente del electorado, mediante el uso de recursos públicos, un logotipo y un slogan, para luego ponerlos en las boletas electorales.