A  partir del advenimiento de las redes sociales como vehículo privilegiado de comunicación entre las personas, lo que podemos observar en internet es un “traslado” literal de la vida “del mundo real” a la supercarretera de la información. Y eso incluye la reproducción en este espacio de las múltiples expresiones de la actividad delictiva.

Lo anterior quiere decir, entre otras cosas, que numerosas actividades “normalizadas”, que implican la violación de alguna norma legal y se han realizado comúnmente en espacios más o menos privados, ahora se ejecutan en esa suerte de escaparate global que son las redes sociales.

Tal hecho implica no solamente que quienes desarrollan tales actividades tienen, eventualmente, un mayor alcance para los productos o “servicios” que ofrecen, sino que las autoridades pueden detectarles, investigarles, perseguirles y castigarles con mucha mayor facilidad.

No hacen falta sino unos pocos segundos para encontrar prácticamente cualquier cosa en internet y eso incluye también la venta de artículos ilegales, así como el ofrecimiento de servicios cuya comercialización implica, eventualmente, cometer un delito.

Frente a esta realidad es una buena noticia, en primera instancia, el anuncio realizado ayer por el fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, en el sentido de que la dependencia a su cargo ha creado y puesto en operación una “patrulla cibernética” cuya tarea consiste en rastrear la posible comisión de actos ilícitos en internet.

“El patrullaje cibernético quiere decir que tenemos a 21 criminalistas analizando absolutamente todas las redes sociales. Ahí sacan los datos, sacan las probables amenazas, ventas, prostituciones… cualquier cuestión que salga de ahí, se analiza, la mayoría de ellas son falsas y las que hemos tratado de fortalecer no han sido fortalecidas con una denuncia formal”, ha dicho el responsable de la procuración de justicia en Coahuila.

Valdrá la pena, desde luego, tener claro si la “patrulla cibernética” de la FGE cuenta con las herramientas legales suficientes para que las pesquisas realizadas en el ciberespacio puedan traducirse en carpetas de investigación y eventuales denuncias en el mundo real.

También resulta necesario advertir respecto del riesgo que implica la posibilidad de que el “patrullaje cibernético” no se convierta en un foco de corrupción o, peor aún, en un arma política que implique utilizar las habilidades de esta policía del internet para vigilar o espiar a enemigos políticos o “adversarios” ideológicos.

Sobre el particular, resulta obligado decir que no estamos hablando de conductas nuevas, sino sólo de nuevas formas de operación. Los presuntos delitos que se cometen, utilizando internet como vehículo de comunicación, son conductas que implican actos cotidianos en el mundo real.

En este sentido, es preciso reconocer que la eficacia de las autoridades para combatir dichas conductas ha sido prácticamente nula en el pasado. Lo que debe esperarse ahora es que la tecnología sirva para mejorar el desempeño institucional, no para reproducir la incompetencia histórica de los encargados de prevenir, investigar y perseguir los delitos.