"La jerarquía católica, la sociedad y el Estado, deben dar una respuesta inmediata a la problemática de la pederastia clerical. Es urgente una transformación de fondo de la iglesia, donde se incorpore activamente a mujeres y a fieles”.

“La Santa Sede deberá entregar a las autoridades competentes, los listados con los nombres de los perpetradores de abuso sexual dentro de la iglesia para conocimiento público, así como para iniciar las acciones legales de los ámbitos civil y canónico”.

Las anteriores son dos de las expresiones más relevantes contenidas en el documento titulado “Declaración de Monterrey”, a través del cual un grupo de víctimas, psicólogos, activistas, sacerdotes y exsacerdotes han retratado con crudeza un problema sobre el cual se ha discutido ampliamente en México en los últimos años.

El documento, hecho público durante el segundo día de actividades del “Primer Foro Nacional de Derechos de la Infancia ante la Pederastia Clerical”, plantea una idea que no es nueva pero sobre la cual no se ha desarrollado una discusión seria y profunda: la jerarquía eclesiástica sostendría un “pacto de impunidad” para proteger los delitos de pederastia cometidos por sus sacerdotes, es decir, les estaría brindando protección para garantizar la impunidad de sus acciones.

Como se ha dicho en múltiples ocasiones, los delitos de índole sexual constituyen conductas que agravian de forma particular a la sociedad, razón por la cual deben ser condenados sin ambigüedades y perseguidos por las autoridades, sin contemplación alguna. Pero si la idea anterior es cierta de forma general, lo es aún más cuando la víctima es un menor de edad.

En este hecho -el que la víctima sea un ser indefenso- reside el mayor grado de reproche que debe hacerse a los perpetradores de actos de pederastia. Y si, como en el caso que nos ocupa, los perpetradores son sacerdotes, sin duda que la condena debe alcanzar cotas aún más altas.

Porque en el caso de la pederastia, estamos hablando de la conducta ventajosa de un adulto respecto de un menor. Y si alguien tiene ventaja para manipular dolosamente la mente de un niño es justamente quien actúa como guía religioso, pues en una sociedad como la nuestra estos constituyen figuras que aún implican un alto grado de autoridad.

En este sentido, el que la Iglesia Católica estuviera, como se ha denunciado, protegiendo en forma deliberada a quienes, desde su posición de sacerdotes, han abusado sexualmente de menores, constituiría una actitud absolutamente inaceptable que no sólo debe ser denunciada, sino que debería ser seriamente investigada por las autoridades.

Por ello, el señalamiento realizado ayer desde la capital de Nuevo León no puede -no debe- tener como destino el anecdotario, sino que debiera constituirse en un imperativo para que los responsables de la procuración y administración de justicia en México inicien un proceso comprometido de investigación al respecto.

Nadie tiene el derecho de violentar la intimidad de otro ser humano. Menos aún la de un niño. Pero para demostrar que lo creemos debemos comenzar a actuar sin concesiones en contra de los pederastas y sus encubridores