Luego de que VANGUARDIA evidenciara el “ocultamiento” de información relacionada con uno de los juicios enderezados en Coahuila contra Javier Villarreal y Sergio Fuentes –exfuncionarios de la administración de Humberto Moreira– como parte de la trama de la megadeuda estatal, tanto el Poder Judicial  como la Fiscalía General del Estado salieron ayer a “aclarar” la situación.

Mediante sendos comunicados, ambas dependencias “precisaron” lo que podía intuirse a partir de la investigación periodística realizada por esta casa editora: que sí se había emitido una decisión favorable a los inculpados en el expediente 45/2016 y que ésta derivó de un juicio de amparo promovido ante la justicia federal.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia aprovechó la oportunidad para aclarar que, debido a un “error administrativo”, la lista de acuerdos del Juzgado Primero Penal, con sede en Saltillo, se publicó originalmente considerando los nombres de ambos inculpados, cuando la resolución sólo favoreció a Fuentes Flores.

Resulta llamativo –por decir lo menos– que sólo a partir de la publicación de la información, el órgano responsable de impartir justicia en Coahuila se hubiera percatado de su “error”, pues la referida lista tenía casi un mes en la página web del Poder Judicial y, según puede inferirse de los hechos de las últimas horas, la “corrección” sólo ocurrió debido a la difusión mediática de los hechos.

Por otro lado, nada se dice respecto de las razones por las cuales el estatus del expediente pasó a ser “secreto”, pese a que existen múltiples evidencias documentales en el sentido de que el mismo juzgado ha publicado listas de acuerdos en las cuales sí pueden conocerse los datos de identificación del expediente, tales como los nombres de los imputados, el delito del cual se les acusa y la naturaleza de la decisión judicial que se informa.

De su parte, la Fiscalía General se limitó ayer a reiterar lo que ya se sabía: que la orden de aprehensión girada contra Javier Villarreal, luego de que se diera a la fuga en el año 2012, sigue vigente y, al menos en teoría, en espera de la conclusión del juicio que se le sigue al extesorero estatal en Estados Unidos.

Sin embargo, la información publicada por VANGUARDIA no se refería al proceso que se le abrió a Villarreal en 2011, cuando fue acusado por primera vez por la entonces Procuraduría General de Justicia, sino al expediente que se le abrió en 2016, es decir, un lustro después.

Porque es a dicho caso –identificado con el número 45/2016– al que corresponde la lista de acuerdos “desaparecida y vuelta” a reaparecer en el sitio web del Poder Judicial, cuyos administradores parecen “interesados” en mantener lejos del escrutinio público la información sensible del caso.

En síntesis, las “aclaraciones” realizadas ayer por el Poder Judicial y la Fiscalía General de Coahuila no solamente dejan sin responder las dudas que originó el “extravío digital” del documento referido, sino que plantean nuevas interrogantes que demandan explicaciones puntuales que ya le están siendo exigidas a ambas instituciones desde la tribuna del Congreso.