¿Será acaso que, desde la perspectiva de Ponce Grimaldo, el proceso que se le ha iniciado tiene más un sentido político que uno jurídico?

Una de las características del sistema de justicia de nuestro País es la desconfianza generalizada que produce en las personas, desconfianza que se traduce en la búsqueda de mecanismos para “sacarle la vuelta” o evadir sus procedimientos ordinarios.

No se trata, es necesario decirlo, de una desconfianza gratuita, sino de la consecuencia inevitable de haber utilizado largamente el sistema penal como instrumento para garantizar la “lealtad al régimen” o para perseguir enemigos políticos.

La afirmación anterior es particularmente cierta si hablamos del combate a la corrupción, pues el modelo de rendición de cuentas construido en México se edificó sustancialmente en torno al uso del derecho penal como instrumento de control político y no como garantía de una conducta honesta.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la renuencia del depuesto líder de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, José Luis Ponce Grimaldo, de presentarse en el Juzgado Penal donde se le sigue proceso como presunto responsable de los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones.

En primera instancia, como lo informamos en su momento, Ponce Grimaldo solicitó el amparo de la justicia federal para evitar ser detenido, pese a lo cual no acudió al Juzgado Penal que sigue su causa, actitud en la cual persistió incluso después de que un Juez Federal le estableció un plazo fatal para hacerlo.

Con tal actitud, Ponce Grimaldo ha perdido la posibilidad de que, cuando finalmente se presente ante el juez, pueda solicitar llevar su juicio en libertad porque ha demostrado que no está dispuesto a sujetarse a las reglas del proceso y hoy es, en esencia, un prófugo de la justicia.

Podría preguntarse, sin embargo, ¿por qué a pesar de contar con un amparo bajo el brazo, el exdirigente magisterial ha decidido no presentarse ante el juzgador que ha requerido su presencia?

¿Será acaso que, desde la perspectiva de Ponce Grimaldo, el proceso que se le ha iniciado tiene más un sentido político que uno jurídico y considera que el propósito de las autoridades estatales es sólo ponerlo tras las rejas sin importar lo que ocurra al final con el juicio?

Cabe la especulación porque, como se ha reseñado hasta la saciedad, la persecución de quienes son presuntos responsables de actos de corrupción parece claramente selectiva y no producto de una determinación clara de combatir el peor defecto de la actividad pública del País.

Que la especulación fuera cierta, no exime al exdirigente del SNTE de ninguna responsabilidad, desde luego, pero sí constituye un elemento que debe tenerse en cuenta para determinar si la corrupción realmente está siendo combatida con eficacia o solamente se hace lo necesario para “cubrir el expediente”.

La duda se despejará cuando José Luis Ponce aparezca y ofrezca su versión sobre lo que está ocurriendo.