Por Isabel Studer

Con el anuncio esta semana de que México se suma a la iniciativa del Banco Mundial para introducir un precio al carbón, el presidente Enrique Peña Nieto afirma, en un video que aparece en el portal de este organismo internacional, “se desalienta el consumo de los combustibles más contaminantes y promueve el desarrollo de tecnologías más limpias”.

Este compromiso podría significar un giro de 180 grados en la política energética de este Gobierno, que se ha guiado por el compromiso de reducir el precio de la gasolina y la electricidad, las que se producen en México con energías fósiles.

Que esto sea así dependerá de los detalles, en los que, como dice el dicho en inglés, está el diablo. Por ejemplo, si bien México ya cuenta con un precio al carbón, en la forma de un impuesto a las energías fósiles, éste tiene al menos tres grandes limitantes que impiden que con él se impulsen las energías renovables.

Primero, el precio al carbón implícito en este impuesto es muy pequeño. Junto con un impuesto similar en Polonia, el de México es el más bajo en el mundo, ya que está entre 2 y 3 dólares por tonelada de carbón equivalente.

Mientras en las provincias de Québec y Columbia Británica es de 10 y 24 dólares, respectivamente, y 13 en California, en la Ley de Transición Energética recientemente aprobada en Francia, el precio al carbón aumentará de 14.50 euros por tonelada a 22 euros en 2016 y a 56 y 100 euros para 2020 y 2030, respectivamente, con el compromiso de reducir la dependencia frente a la energía nuclear (¡!), considerada como una energía limpia en México, y aumentar la participación de las renovables.

Segundo, el precio del impuesto al carbón en México excluye al gas, combustible que ha sido privilegiado por este Gobierno, bajo el argumento de que es menos contaminante que otros combustibles fósiles, como el combustóleo que hasta hace poco seguía siendo la fuente más importante para la generación de electricidad. Esta ventaja comparativa otorgada al gas no sería un problema si los recursos recaudados por el impuesto al carbono se utilizaran para apoyar directamente las energías renovables.

Pero esto no es así, ya que el impuesto tiene fines recaudatorios, convirtiéndose en una tercera limitante de este instrumento fiscal. Si los recursos recaudados no se invierten en el desarrollo de infraestructura que favorezca a las energías limpias (por ejemplo, redes inteligentes, transporte público que utilice combustibles limpios, etcétera), los consumidores no tendrán alternativas por las cuales reemplacen a las energías fósiles.

Además de aumentar el precio del carbono implícito en el impuesto, incluir al gas en el mismo y etiquetar los recursos recaudados a favor de las renovables, una pieza clave del rompecabezas que permitiría a Enrique Peña Nieto llegar a la COP 21 en París como un claro líder mundial en la lucha contra el cambio climático es la aprobación de la Ley de Transición Energética (LTE), que sigue atorada desde hace casi un año en el Senado de la República.

Al definir una ruta de acción para la promoción de las energías limpias, la LTE ofrece las herramientas que complementan el uso de los Certificados de Energías Limpias, incluidos en la Ley de Industria Eléctrica pero que impulsan solo “indirectamente” a las renovables, como reconoce el mismo presidente Peña en el video del portal del Banco Mundial. 

La LTE además establece: una serie de metas intermedias hacia 2018 (25%) y 2021 (30%) para cumplir el compromiso de generar el 35% de la electricidad a partir de fuentes no fósiles en 2024, según lo indica la Ley General de Cambio Climático de 2012; un Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética; y acciones de fortalecimiento de las instituciones encargadas de eficiencia energética y de impulso a la generación distribuida.

Esperemos que el Senado apruebe la LTE a la brevedad, con lo que se avanzaría para resolver la contradicción que prevalece entre la política energética y la climática del País.

Twitter: @isastuder