PRI-PVEM-Panal: ¿buscan saturar el sistema?

Una de las estrategias usadas en los ataques informáticos es el empleo de robots para “saturar el sistema” y con ello evitar que pueda ofrecer sus servicios a los usuarios reales. Cuando eso ocurre, se dice que los piratas cibernéticos han logrado inutilizar los servidores o “tumbarlos”.

Toda proporción guardada, y de acuerdo con la interpretación que de los hechos han realizado los representantes del sector empresarial en México, ésa sería la intención de los legisladores que ayer concretaron su propósito de “quitarle los dientes” a la iniciativa ciudadana que empujó la creación de un sistema nacional anticorrupción.

De acuerdo con representantes de la iniciativa privada, la intención de introducir en la norma la regla para que toda aquella persona física o moral que reciba recursos públicos tenga la obligación de presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, tiene como propósito “inundar” el sistema con declaraciones, de tal forma que en el océano de documentos las declaraciones de los servidores públicos “se pierdan”.

No ha faltado quien interprete la decisión de nuestros “representantes” como una especie de venganza de los legisladores en contra del sector empresarial que apoyó abiertamente la recolección de firmas para que la denominada “Ley 3de3” pudiera ser elevada al rango de iniciativa ciudadana.

Resulta difícil descartar de forma acrítica tal hipótesis, sobre todo porque los miembros de nuestra clase política no son dignos de confianza -en general- y resulta sumamente complejo comprarles la idea de que su intención, al crear obligaciones para los particulares, fue la de “enriquecer” la propuesta originalmente llevada al Poder Legislativo.

Por otro lado, suena lógico que el propósito sea “saturar” el sistema y que entre tantos documentos la información relativa a los servidores públicos sea difícil -cuando menos- de localizar y procesar.

La inédita protesta que ayer protagonizaron en el Ángel de la Independencia representantes de organismos empresariales sintetiza de buena forma la decepción que en general ha causado el desenlace del proceso legislativo que ayer, al menos en términos generales, concluyó en San Lázaro.

Con la votación de ayer, por lo demás, ha quedado bastante claro que el aplazamiento en la discusión y votación de la “Ley 3de3” no fue casual, sino un hecho absolutamente intencional que, quienes se opusieron a la rectificación de la iniciativa remitida por el Senado, calcularon para disminuir el costo electoral que tendría el que su posición hubiera quedado clara antes de los comicios del pasado 5 de junio.

Una falla fundamental tiene el cálculo de quienes ayer concretaron un proceso que no logró convencer a la sociedad de que existe vocación de luchar contra la corrupción y la impunidad: el nivel de disgusto social es tal que nadie podrá evitar los costos que tendrá haberle vuelto la espalda a la sociedad en este tema: ni los partidos políticos en general, ni los legisladores que en lo individual votaron para que la corrupción siga gozando de cabal salud.