¿Qué impide concluir la ampliación de la Saltillo-Zacatecas?

La pregunta que da título al presente texto es la misma que se formulan diariamente miles de personas que deben circular en un tramo carretero obsoleto y peligroso para llegar a sus trabajos y de vuelta a sus casas. Se trata de una interrogante que, al menos desde el punto de vista del espectador, no parece tener respuesta lógica alguna.

Y no parece tenerla porque, si ya se cuenta con el proyecto ejecutivo y con los recursos para ejecutarlo –habida cuenta que se lanzó una licitación para asignar el contrato respecto en abril pasado– lo único que hace falta para arrancar los trabajos es conseguir quién los haga.

Tampoco faltan interesados en realizar la obra, pues al concurso público convocado por el Gobierno de la República, a través del Centro SCT Coahuila, concurrieron una docena de empresas constructoras para presentar propuestas puntuales.

Finalmente, resulta inentendible que el proceso de licitación y asignación de la obra no se concrete pues, en medio de la crisis económica que ha provocado la pandemia, si algo se requiere son justamente proyectos de inversión que apoyen la reactivación de las actividades productivas.

¿En verdad resulta tan complejo encontrar una empresa que resulte solvente y competente para realizar los trabajos de ampliación del tramo carretero que aún resta de la citada vía?

¿Por qué, si la convocatoria a la licitación se publicó desde el 7 de abril, y se contemplaba que el contrato se asignara en mayo, para concluir los trabajos antes de que finalizara este año, el fallo con el cual se rechazaron todas las propuestas presentadas se emitió apenas hace una semana?

Lo último que los ciudadanos queremos pensar –o creer– es que existan motivos políticos detrás de la actitud de los funcionarios del Gobierno de la República encargados de licitar la obra. Que se pretenda “castigar” a Coahuila por razones de índole ideológica o de cálculo electoral.

Resultaría sumamente grave que esta fuera la razón detrás, no solamente de la falta de concreción del proyecto, sino también del silencio que ha seguido a la decisión de declarar desierta la licitación.

Sería igualmente grave que se trate de un caso de ineficiencia o, peor aún, de negligencia por parte del personal del Centro SCT Coahuila, pues si algo resulta inadmisible en estos momentos es justamente que la incapacidad de la burocracia –de cualquier orden de gobierno– afecte la realización de proyectos relevantes desde múltiples perspectivas.

Es deseable por ello que, además de ofrecer una explicación puntual sobre las razones por las cuales el proyecto carretero se encuentra detenido, las autoridades federales definan la ruta a seguir para que la licitación sea reactivada, se asigne el contrato respectivo y los trabajos se inicien en el plazo más breve posible.

Porque, para responder con precisión a la pregunta formulada al principio, lo cierto es que nada debería impedir que se concluya la ampliación de la carretera Saltillo-Zacatecas.