¿A quiénes queremos parecernos?
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Si algo abunda en nuestros días son herramientas para comparar y, a partir de la comparación, separar claramente a los regímenes auténticamente democráticos de sus opuestos. Y esto es así, porque los atributos de la democracia son fácilmente identificables o, si se prefiere, difícilmente pueden confundirse con los de una dictadura.
Más allá de la facilidad para diferenciar, a los ciudadanos siempre nos convendrá estar alertas para identificar las pulsiones autoritarias -o anti democráticas- porque si algo podemos dar por cierto es la existencia permanente de tentaciones en este sentido.
Lo anterior es particularmente cierto en sociedades como la nuestra, en las cuales el ejercicio del poder público no está caracterizado por el respeto a los derechos de los ciudadanos, sino exactamente por lo contrario.
A propósito de ello, una noticia difundida en la semana sirve para calificar las vocaciones democráticas del gobierno de Coahuila encabezado por Miguel Ángel Riquelme: la decisión del Ayuntamiento de San Francisco, California, de prohibir el uso de la tecnología de reconocimiento facial para fines policiales.
La prohibición, votada el miércoles pasado, merece análisis particular a partir del argumento central utilizado por los concejales de aquella ciudad para oponerse al uso de dicha tecnología: proteger los derechos de los ciudadanos.
La afirmación podría parecer exótica, pues el reconocimiento facial nos ha sido vendido acá, en Coahuila, utilizando exactamente el argumento contrario, es decir, ponderando las virtudes de dicha tecnología para el esclarecimiento de hechos delictivos y, en consecuencia, para mejorar los indicadores en materia de seguridad pública.
Pero antes de tildar de exótico el planteamiento de las autoridades de San Francisco vale la pena considerar los elementos utilizados para tomar la decisión: la posibilidad de poner en riesgo el derecho de los ciudadanos a la privacidad y la evidencia existente respecto de cómo el software utilizado genera casos de discriminación racial.
No se trata de especulaciones o señalamientos realizados de mala fe: un estudio realizado en julio pasado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) demostró cómo el reconocimiento facial identificó incorrectamente a 28 congresistas de EU, en su mayoría pertenecientes a minorías étnicas, confundiéndolos con delincuentes al comparar sus rostros con la base de datos de la policía.
Por otro lado, el acceso a esta tecnología implica un serio riesgo para la privacidad de las personas, pues nada impediría utilizar la tecnología para espiar a enemigos políticos, contradictores e individuos “incómodos” al poder público.
Como se recordará, el Gobierno de Coahuila anunció con gran pompa, en enero pasado, su decisión de adquirir cientos de cámaras dotadas con esa tecnología para colocarlas en las calles de nuestras ciudades, principalmente Saltillo y Torreón.
Fue el propio Miguel Riquelme quien realizó el anuncio ponderando un detalle al cual debe prestársele especial atención: Coahuila sería la primera entidad del país, y uno de los primeros lugares del mundo en contar con una tecnología sólo empleada actualmente en algunas ciudades de China.
El dato casi se explica por sí sólo: ninguna extrañeza debe causarnos enterarnos de cómo sólo en China los cuerpos de seguridad pueden auxiliarse de esta tecnología para identificar a cualquier persona en la calle o arriba de su auto, porque China no es una democracia, sino una dictadura. Altamente sofisticada y fuertemente orientada al mercado, es cierto, pero una dictadura a fin de cuentas.
La pregunta resulta obligada: ¿de dónde surge la vocación del Gobierno de Coahuila por imitar las conductas de una dictadura y no los comportamientos de los estados democráticos del mundo?
El tema es preocupante porque estamos hablando de poner en manos de individuos con una probada vocación de violación a los derechos humanos, un arma sumamente peligrosa.
Me refiero, desde luego, a quienes pueblan las corporaciones policiales de la entidad, así como a quienes tienen la responsabilidad de investigar y perseguir los delitos. No hace falta sino revisar las estadísticas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para ver cómo dichas instituciones son las campeonas en violaciones de derechos de los ciudadanos.
Y el hecho ocurre con todo y el publicitado argumento del Gobierno estatal de contar con asesores “de élite” en materia de derechos humanos, circunstancia cuyo impacto en la realidad padecida por los ciudadanos de a pie es exactamente igual a cero.
Por ello, si de imitar buenos ejemplos se trata, el Gobierno de Coahuila debería imitar al de San Francisco y dar marcha atrás a su pretensión de utilizar una herramienta sólo abrazada por las dictaduras, pero tajantemente rechazada por las democracias.
¡Feliz fin de semana!
@sibaja3
carredondo@vanguardia.com.mx
