Extraoficialmente se hablan de cientos de millones de pesos en presuntas irregularidades durante la administración de Isidro López al frente del Ayuntamiento de Saltillo, caso en el cual no se ha ofrecido una versión oficial

Uno de los vicios del sector público que más agravian a la sociedad es el relativo a la utilización de los mecanismos de rendición de cuentas como instrumentos de control político, de “ajuste de cuentas” entre partidos o como ocasión para el establecimiento de pactos de impunidad..

Y tal hecho resulta agraviante porque en la perversión del modelo se pierde su esencia, es decir, se pierde de vista que la rendición de cuentas es un derecho que tenemos los ciudadanos y sirve para un sólo propósito: que los recursos públicos sean ejercidos con honestidad, además de hacerlo con eficacia y eficiencia. 

Sin embargo, cuando la revisión de las cuentas públicas se hace sólo con criterios políticos –o la información que se conoce da a entender eso–, lo primero que queda claro es que a los responsables de vigilar el adecuado ejercicio de los recursos no les interesa garantizar los derechos de los ciudadanos sino solamente obtener dividendos políticos.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la presunta existencia de un conjunto de irregularidades administrativas durante la administración de Isidro López Villarreal al frente del Ayuntamiento de Saltillo. 

El punto relevante en torno a la historia es que, al cierre de esta edición, ninguna de las partes ofreció una versión oficial respecto de la audiencia que se habría desahogado ayer, en la Contraloría Municipal de Saltillo, y con la cual se habría concluido la integración de diversos expedientes, a fin de que estos sean judicializados. 

Si, por un lado, quienes enderezan las acusaciones en contra del exalcalde están actuando en beneficio del interés público, lo menos que cabría esperar es que se transparente la existencia de un procedimiento y, con las reservas del caso, se informe a la opinión pública sobre los detalles del caso.

Si, por el otro, quienes son señalados consideran que se está cometiendo una arbitrariedad en su contra, parece lógico que la reacción sea la de condenar públicamente el uso faccioso de los instrumentos de rendición de cuentas.

Las versiones extraoficiales hablan de cientos de millones de pesos en presuntas irregularidades y, al menos en una de ellas, señalan a cinco exfuncionarios municipales concretos. Si las cifras son ciertas, estamos hablando de un caso relevante y no de algo anecdótico.

Justamente por ello la conducta de ambas partes se vuelve sospechosa y convoca a suponer que el aparente sigilo con el cual se maneja la integración de expedientes puede tener intenciones escondidas: utilizar los instrumentos de rendición para hacer “ajustes de cuentas” o pactar “en lo oscurito” para garantizar impunidad a presuntos infractores.

Es de esperarse que en las próximas horas se proporcione información sobre el caso y que eso permita creer que es el interés público lo que se está intentando resguardar, garantizando una efectiva rendición de cuentas, es decir, que si alguien desvió recursos o se benefició indebidamente con ellos, se le investigue, se le procese y, eventualmente, se le castigue.