Valdría la pena que los especialistas en el tema ofrezcan mayores elementos de contexto para comprender el fenómeno y que ello derive, eventualmente, en un ajuste a la estrategia del Gobierno de la República

Uno de los temas que marcó la agenda en el arranque del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el combate al robo de combustibles –fenómeno conocido como “huachicoleo”–, un problema que, se dijo entonces, era sumamente grave.

Parte de la estrategia del Gobierno Federal para hacer frente al fenómeno fue modificar la Constitución y las normas penales para convertir en delito grave el robo de combustibles pues de esta forma, se aseguró entonces, se desincentivaría la actividad.

El tema del “huachicoleo” dejó de estar en el centro de la agenda pública hace muchos meses y sólo se le menciona de forma esporádica a partir de algún análisis realizado de forma independiente a partir de la información pública que proporciona la paraestatal Petróleos Mexicanos.

A partir de estos análisis, diversas voces han señalado que la evidencia apunta en la dirección contraria de las afirmaciones gubernamentales según las cuales el “huachicoleo” prácticamente habría desaparecido derivado de las acciones emprendidas para combatirlo.

Al menos en Coahuila, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indicarían que el problema se agravó durante los primeros 11 meses del año pasado, pues el número de carpetas de investigación iniciadas a partir de hechos relacionados con el robo de hidrocarburos se incrementó en 33 por ciento respecto de todo el 2019.

De enero a noviembre de 2020, de acuerdo con el SESNSP, se iniciaron 116 carpetas de investigación debido fundamentalmente a la detección de pipas que transportaban combustibles de manera ilegal, así como a la localización de tomas clandestinas en los ductos del Pemex, mientras que en todo el 2019 se produjeron solamente 87.

La pregunta obligada es: ¿estamos ante la evidencia de que la estrategia del Gobierno de la República en materia de combate al robo de combustible no está funcionando, o que su éxito es sólo parcial?

Un cuestionamiento adicional, relativo al incremento en el número de investigaciones por este delito es: ¿se trata de una evidencia de que el endurecimiento de las penas, por sí sola, no es una medida eficaz para disuadir a quienes se encuentran en la posibilidad de incurrir en este delito?

En cualquier caso, la estadística no parece documentar el optimismo, pues si el número de carpetas de investigación crece, eso es indicativo, por lo menos, de que se ha registrado un mayor número de casos en los cuales se ha registrado, como mínimo, el intento de obtener combustibles de forma ilegal.

Valdría la pena en este sentido que los especialistas en el tema ofrezcan mayores elementos de contexto para comprender el fenómeno y que ello derive, eventualmente, en un ajuste a la estrategia que ha seguido hasta ahora el Gobierno de la República para combatir este delito.

Mientras ese tipo de análisis no estén a la mano, difícilmente podría afirmarse que el “huachicoleo” ha desaparecido en México, ni que se trata de un fenómeno que se encuentre “bajo control”.