Senadores de EU cuestionan cuidado de niños migrantes

Los líderes republicanos y demócratas de la Comisión de Finanzas del Senado se están preguntando si el gobierno del presidente Donald Trump está siendo negligente en su deber de proteger a los niños migrantes no acompañados que están bajo su cuidado, en medio de acusaciones de irregularidades en refugios que reciben fondos federales.

Los senadores Chuck Grassley, presidente de la comisión, y el demócrata Ron Wyden pidieron información sobre cupo, reportes de incidentes, prevención de abuso sexual y regulaciones estatales y federales de refugios infantiles. Presentaron su solicitud el jueves tras la divulgación un informe sobre las miles de denuncias de abuso y acoso sexual registradas en los últimos cuatro años y al drástico aumento en el número de migrantes menores que cruzan la frontera.

Las denuncias suscitan interrogantes sobre si la agencia “ha incumplido sus responsabilidades reglamentarias para garantizar la salud y seguridad de los menores a su cargo”, escribieron los senadores en una carta dirigida a la subsecretaria para menores y familias. Dijeron que las acusaciones también suscitan dudas serias en torno a la manera como algunos albergues han utilizado la financiación federal.

Tras su detención, los migrantes menores son transferidos al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, perteneciente al Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Luego son colocados en refugios administrados por contratistas mientras funcionarios trabajan para ubicarlos con tutores. Por ley, los menores deben ser colocados en un entorno lo menos restrictivo posible porque es lo más conveniente para ellos.

En los primeros nueve años fiscales del programa, sólo unos 8,000 menores fueron atendidos. Pero en lo que va del actual año fiscal, les han entregado a 49,100 menores para que los cuiden. Funcionarios de Salud y Servicios Humanos dijeron que no tienen capacidad para enfrentar el gran número y advirtieron que pronto estarán con las finanzas al límite.

Los senadores dijeron que la información era necesaria para evaluar si la supervisión gubernamental de los contratistas bastaba para garantizar que rindan cuentas adecuadas.

“Y para salvaguardar la salud y seguridad de los menores albergados en las instalaciones de los concesionarios”, escribieron.

Una portavoz de Salud y Servicios Humanos dijo que la carta fue recibida y que el departamento la contestaría en forma oportuna.

De octubre de 2014 a julio de 2018, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados recibió 4,556 quejas, incluidas denuncias de abuso sexual, acoso y conducta inapropiada. De esa cifra, el Departamento de Justicia recibió 1,303 denuncias más graves de abuso sexual, incluidas 178 atribuidas a personal adulto, según los funcionarios.