El servicio médico del magisterio coahuilense largamente ha operado como una especie de servicio médico ‘subvencionado’ que sólo se hace cargo parcialmente de sus obligaciones

Los derechos que integran el conjunto de prestaciones que conocemos como “seguridad social” constituyen una parte muy relevante del núcleo de prestaciones sin cuyo disfrute es muy difícil –eventualmente imposible– acceder a otros derechos. Y la salud está en el primer lugar.

Que una persona tenga “derecho a la salud” implica más que el simple hecho de que se le atienda cuando enferma –proporcionándole cuidados médicos y tratamientos adecuados para su padecimiento–, pues además de esto debe ayudársele a que permanezca sana y, en caso de enfermedades graves, utilizarse todos los recursos disponibles para atenderle.

Esta última parte, en especial, es la que nos revela si un sistema de salud está realmente diseñado para garantizar los derechos de quienes se encuentran suscritos a él.

Claramente el servicio médico del magisterio coahuilense no fue diseñado para cumplir con este propósito y largamente ha operado más bien como una especie de servicio médico “subvencionado” que sólo se hace cargo parcialmente de sus obligaciones.

En un principio considerado incluso un sistema “envidiable”, porque ofrecía atención médica y hospitalaria similar a la de una clínica privada, el servicio médico del SNTE en Coahuila fue deteriorándose y cayendo de forma recurrente en crisis debido a que su administración recayó por mucho tiempo en un maestro… ¡porque así lo demandaba el Sindicato!

Permanentemente en quiebra, los poderes públicos de la entidad y el gremio magisterial han pactado sucesivos “parches” a la legislación que regula su existencia, todos con el vano intento de “rescatar” las finanzas de la institución.

Uno de esos “parches” fue el establecimiento de los “copagos”, cargos que se le hacen al derechohabiente por recibir atención médica y que convierten a dicho modelo, para todo efecto práctico, en una suerte de seguro de gastos médicos mayores que limita el acceso a la salud sólo a quienes tienen dinero para cubrir los costos de su atención.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo ayer lo que debieron decir desde un principio los integrantes de la Legislatura de Coahuila: que tales cobros son inconstitucionales porque, en estricto sentido, constituyen una negativa de acceso al derecho a la salud.

La resolución cuestiona de fondo el modelo de seguridad social inventado en Coahuila y, al mismo tiempo que deja claro que no puede limitarse el derecho a la salud de esta forma, pone tal vez el último clavo al ataúd de un sistema que hace tiempo expiró, pero era artificialmente sostenido con vida.

Porque si con la existencia de los copagos el modelo estaba en la quiebra, sin este aporte –ilegal, pero real– por parte de los trabajadores de la educación, terminará de colapsar.

¿Cómo se va a remediar el problema que ha evidenciado la sentencia de ayer de la SCJN? La respuesta es que no se puede y por ello la única salida real es la desaparición de un modelo que no puede ya rescatarse.