Simular: un auténtico ‘deporte nacional’

¿Cómo podemos saber si la incidencia de una enfermedad está disminuyendo o aumentando? ¿Cómo nos aseguramos de que determinada política pública esté logrando los objetivos para los cuales fue diseñada? ¿Cómo tomamos mejores decisiones de cara al futuro?

La respuesta a todas estas preguntas es exactamente la misma: mediante el análisis estadístico, es decir, mediante la recolección de datos que, tras ser sistematizados, nos muestran las tendencias de los fenómenos y nos permiten así tomar las mejores decisiones.

Pero para que la estrategia funcione resulta indispensable que se cumpla un requisito de manera estricta: que la recolección de los datos se realice de forma correcta, es decir, que la estadística sea un reflejo fiel de lo que ocurre en la realidad.

En otras palabras; si los números no son precisos, porque la recolección de los datos fue defectuosa, las conclusiones a las cuales se arribe a través de su análisis y, por ende, las decisiones que se tomen con base en dichas conclusiones, serán erróneas.

Existen fundamentalmente dos formas de que terminemos trabajando con información errónea: que el método de recolección de la los datos sea incorrecto o que se falsee la información de forma deliberada. El resultado final es el mismo, pero el matiz cuenta mucho: en el primer caso estamos hablando de incompetencia; en el segundo de una conducta delincuencial.

El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición relativo a las afirmaciones realizadas ayer por el director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas, en el sentido de que muchas procuradurías de justicia del País “maquillan” las cifras de delitos que ocurren en su entidad.

No sorprende en demasía el señalamiento porque siempre hemos sabido que sufrimos de un déficit importante en la calidad de la información relativa a incidencia delictiva en el País, pero resulta sumamente preocupante que hoy se nos diga que tal deficiencia es producto de actos deliberados realizados por las propias autoridades responsables de garantizar nuestra seguridad.

Más allá de que la manipulación de la información impide tomar decisiones adecuadas de cara al futuro, la existencia de un política sistemática de “maquillado de cifras” solamente le abona a la endémica desconfianza que los ciudadanos sentimos por nuestras autoridades.

El asunto se agrava cuando del otro lado de la mesa se reconoce que es necesario implementar un nuevo sistema de registro delictivo y que las deficiencias existen a pesar de las multimillonarias inversiones realizadas en el rubro en los últimos años.

Y, como se ha dicho en múltiples ocasiones, el problema de fondo no es que desde las oficinas públicas se realicen actividades claramente perjudiciales para el interés colectivo sino que, cuando éstas quedan al descubierto, no pase absolutamente nada.¿