La corrupción y la impunidad constituyen dos de los elementos de la vida pública del País que provocan insatisfacción permanente a la ciudadanía. Sobre todo cuando cotidianamente conocemos información que indica la existencia de conductas ilegales, pero incluso si dichas conductas son denunciadas formalmente, rara vez pasa algo.

La insatisfacción crece cuando, frente a un fenómeno tan extendido, la respuesta gubernamental es la creación de un “sistema” que promete hacer confluir los esfuerzos de múltiples instancias para combatirlo con eficacia, pero sigue sin pasar gran cosa.

En el caso concreto, el “Sistema Anticorrupción” -a nivel nacional y en cada estado de la República- combina el trabajo de siete instancias diferentes para prevenir, investigar, combatir y sancionar las diversas conductas ilegales que han sido tipificadas en diversas leyes.

Tal conjunción de esfuerzos haría pensar que quienes, desde los sectores público y privado, ceden a la tentación de obtener ganancias indebidas para sí y para sus compañeros de viaje, encontrarían muy difícil burlar la ley, ya no digamos para incurrir en un acto de corrupción sino, sobre todo, para alcanzar la impunidad después de ello.

A contracorriente de esta suposición, todo hace indicar que la conducta de quienes han decidido hacer a un lado los escrúpulos no ha variado gran cosa, pues los actos de corrupción se siguen cometiendo y quienes incurren en ellos siguen sin ser castigados.

Un dato que evidencia esta realidad es el contenido en el reporte que publicamos en esta edición, relativo al escaso porcentaje de procedimientos administrativos o penales, que por hechos de presunta corrupción, fueron resueltos en Coahuila durante el período 2019-2020: apenas dos de cada 10.

De acuerdo con las cifras contenidas en el más reciente Informe de Actividades del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Coahuila, la eficiencia de todo el modelo, medida a partir del número de casos concluidos, en comparación con el de procedimiento iniciados, es de apenas el 20 por ciento.

Por otro lado, las cifras de recursos recuperados parecen insignificantes contra la magnitud del problema: apenas unos 12.8 millones de pesos, sumados los casos resueltos por la Fiscalía Anticorrupción y los órganos internos de control de los municipios.

Y la cifra parece ínfima porque, de acuerdo con las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de Coahuila, habría más de mil millones de pesos involucrados en presuntos actos de corrupción que esperan aún a ser concluidos y eventualmente sancionados.

Para ser un mecanismo tan amplio y contar con tantos recursos a su disposición, el Sistema Anticorrupción, a tres años de su creación, no parece constituir la respuesta que los ciudadanos estábamos esperando para superar uno de los fenómenos que más nos agravian.