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Organizaciones y víctimas de violencia feminicida exigieron la renuncia de María Candelaria Ochoa Ávalos, a quien acusaron de obstaculizar la justicia para las mujeres desde su puesto como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim)

Por Por Eréndira Aquino/@ere_aquino para Animal Político
 
Más de 350 organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos pidieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al presidente Andrés Manuel López Obrador que destituyan de su cargo a la actual titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), María Candelaria Ochoa Ávalos.

En conferencia de prensa, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), del Centro Fray Francisco de Vitoria, Cladem y la Comisión Mexicana para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH) acusaron a Ochoa Ávalos de obstaculizar desde su puesto la garantía de los derechos de las mujeres en el país.

“Como organizaciones ubicadas en distintas partes del país, hemos atestiguado que a más de seis meses de que tomara posesión del cargo, la actual comisionada no ha impulsado ni realizado acciones contundentes que puedan atender la problemática que cada día acaba con la vida de 10 mujeres en nuestro país”, señalaron.

En una carta que enviaron este martes al presidente y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, denunciaron a María Candelaria Ochoa de no permitir la participación de organizaciones de la sociedad civil dentro de los mecanismos de seguimiento a las Alertas de Violencia de Género (AVG) declaradas en el país, así como de retrasar la declaratoria para la Ciudad de México

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De acuerdo con las firmantes, la Conavim no solo ha retrasado la declaración de la AVG en Ciudad de México, porque rechaza la orden de un juez de incluir a las organizaciones en el seguimiento de las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres, sino que ha rechazado emitirla para Zacatecas y se ha negado a implementar una tercera Alerta para el estado de Veracruz.

También señalaron que, en el caso de Jalisco, Ochoa Ávalos impidió a las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres participar en los grupos de seguimiento delas acciones de la AVG, y condicionó su presencia a que fueran convocadas por el gobierno del estado. 

“En lugar de dar cumplimiento a sus obligaciones en la implementación del mecanismo de AVG y de diseñar los planes de implementación y la metodología de seguimiento y evaluación de las 19 AVG declaradas y de convocar a los grupos de seguimiento –como se ha solicitado en varios estados- la actual comisionada se ha dedicado a orillar a las organizaciones a judicializar los derechos de las mujeres, en lugar de garantizarlos como establece su mandato”, reclamaron.

Las organizaciones también destacaron que, a más de siete meses de la presentación realizada por el presidente y la Segob del Plan de Acciones Emergentes para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y Niñas de México, “a la fecha, la solución a la problemática no ha tenido avances considerables, contrario a ello, la violencia permanece y se agudiza”.

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“La comisionada ha mostrado y nos lo ha manifestado, en la práctica y en la vía judicial, que no tenemos interlocución con ella, que no tiene capacidad de diálogo. No estamos cuestionando si es experta en el tema de violencia contra las mujeres, estamos cuestionando su incapacidad de diálogo con las organizaciones que estamos día a día con las víctimas luchando por el acceso a la justicia”, expresaron. 

Al presidente López Obrador, pidieron “congruencia entre los discursos de la actual administración con los hechos. Nosotras estamos demostrando cuál ha sido el actuar y el trato que se nos ha dado como defensoras de derechos humanos por esta funcionaria”.

“Consideramos que esto ni siquiera o habíamos vivido en la administración pasada, nosotras compartimos ideales de transformación con este nuevo gobierno. Les pedimos congruencia entre su discurso y quienes representan a las instituciones”, finalizaron.

Además de la exigencia de la renuncia de María Candelaria Ochoa, las organizaciones pidieron al gobierno generar acciones que erradiquen la violencia contra las mujeres en México y que se evalúe a las 19 AVG declaradas en el país, para conocer su grado de avance y los obstáculos que enfrentan.

Asimismo, exigieron que se garantice que las AVG que se declaren sean específicas y acordes a las problemáticas detectadas en cada estado  y que se fortalezca el mecanismo a través del diseño de una metodología de seguimiento y evaluación en el que coadyuven las organizaciones sociales.

También que se transparenten las acciones y recursos destinados por los tres niveles de gobierno para garantizar los derechos humanos de las mujeres y que se reforme el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para evitar los vacíos de la misma que dan pie a interpretaciones a modo.

Entre los firmantes de la carta se encuentran 150 organizaciones, entre ellas IDHEAS, la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, ADIVAC, la Cátedra UNESCO de la UNAM, El Caracol A.C. y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

A esta exigencia se sumaron también 200 familiares y víctimas sobrevivientes de violencia feminicida, y defensoras de derechos humanos de las mujeres.