Los casos de muertes de mujeres en contextos penitenciarios que desde 2010 se han documentado tanto por medios de comunicación, como por comisiones de derechos humanos y algunas organizaciones de la sociedad civil, son resultado de un grave problema estructural en materia de seguridad, autogobierno y falta de voluntad política para la debida aplicación de los estándares nacionales e internacionales en materia penitenciaria y de género.

El pasado 27 de enero una mujer fue asesinada dentro de una celda del Reclusorio Preventivo Varonil Norte; en junio de 2018 una mujer que fue de visita al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente fue asesinada cerca del penal; y en  abril de ese año se registró el supuesto suicidio de una mujer interna en el Penal Femenil de Santa Martha.

En años anteriores se documentaron también casos similares: en 2017 se registró la muerte de una mujer interna en el penal de Santa Martha, al caer supuestamente de un tercer piso; y en 2010 y 2015, otras dos mujeres fueron asesinadas mientras se encontraban como visitas en el Reclusorio Sur y Oriente, respectivamente, de acuerdo con la Recomendación 4/2016, de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Estos casos son una evidencia clara de la omisión de la autoridad penitenciaria de salvaguardar la vida, integridad y seguridad de cualquier persona que se encuentre al interior de la prisión, como lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 19.

En el contexto de violencia feminicida que vivimos en el país, es urgente que desde la sociedad civil exijamos el cumplimiento de las obligaciones que el Estado Mexicano tiene para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, establecidas en instrumentos internacionales como la Convención de Belem Do Para, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); y a nivel nacional en la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esto tomando en cuenta a las mujeres en prisión, como lo recomendó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal de 2013.

Ante el incumplimiento del Estado Mexicano de su obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, 34 activistas y organizaciones de la sociedad civil, hicieron un llamado a las autoridades: https://goo.gl/iT1Eu3

#NiUnaMenos #PrisiónConLey.

*Corina del Carmen

Enlace de Comunicación y Medios. Documenta @corinadelcarmen

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