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Bajo el argumento de que la legalización de jóvenes hispanos ampliaría las posibilidades de su reclutamiento en el ejército, senadores demócratas planean usar la ley de gastos del Pentágono para revivir la llamada Dream Act.
Washington.- El senador demócrata de Illinois, Dick Durbin, planea presentar esta semana la Dream Act como enmienda de Ley de Gastos de Defensa (HR1585) para, entre otros motivos, crear un incentivo para el ingreso de jóvenes latinos a las filas de las fuerzas armadas.

Bajo la Dream Act, los inmigrantes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos antes de los 16 años y que han vivido en el país al menos cinco años, podrían recibir un estatuto de legalización condicional que eventualmente los puede poner en ruta a la ciudadanía.

Sin embargo, sólo serían elegibles aquellos que se unen a las fuerzas armadas por dos años o que cursen estudios universitarios.

'La Dream Act no es un mandato para el servicio militar. Un estudiante que sea elegible puede obtener estatus legal asistiendo a la universidad', aclaró el senador Durbin en un reciente discurso en la tribuna del Senado.

'Sería inconsistente con el espíritu de nuestras fuerzas armadas, formadas por voluntarios, forzar a los jóvenes a enrolarse (en el ejército) como condición para obtener la legalización', puntualizó.

Pero los partidarios de la Dream Act -incluido el propio Pentágono, que endosó el plan, según Durbin- creen que la legislación crea un fuerte incentivo para el servicio militar, pues muchos jóvenes indocumentados tienen el perfil demográfico de un soldado en potencia.

Un sondeo de la Rand Corporation encontró que un 45 por ciento de los varones hispanos y un 31 por ciento de las mujeres hispanas entre 16 y 21 años de edad, tienen una 'alta probabilidad' de enlistarse en las filas de las fuerzas armadas.

En comparación, sólo un 24 por ciento de los varones anglos y un 10 por ciento de las mujeres blancas no hispanas tienen la misma predisposición, de acuerdo con la encuesta.

Aunque la Dream Act no distingue origen nacional, la mayor parte de los beneficiados serían hispanos, la mayoría mexicanos.

La inclinación de los hispanos por el ejército tiene razones económicas. Los latinos están en el sótano de ingresos en Estados Unidos y las fuerzas armadas ofrecen apoyo para el pago de la universidad después de un periodo de servicio.

Fue la misma ruta que siguió en su momento el ex procurador Alberto R. Gonzáles, quien se enroló en la Fuerza Aérea, para después estudiar en Rice University y obtener su doctorado en leyes por la Universidad de Harvard.

La Dream Act es una de las dos iniciativas migratorias que desean ser revividas en el actual periodo electoral, luego del colapso de la reforma migratoria.

La otra es la AgJobs, que busca regularizar a 1.5 millones de trabajadores agrícolas en un periodo de cinco años.

La legislación es impulsada por la senadora demócrata de California Dianne Feinstein, pero el proyecto podría perder a su principal promotor en el campo republicano, el senador de Iowa Larry Craig, envuelto en un escándalo sexual y cuya situación pende de las cortes.

Entre las opciones para tramitar la AgJobs figura la Ley de Apoyo a Granjeros, pero sus partidarios aún no toman una decisión final.

Analistas Republicanos y Demócratas consideran sin embargo que la Dream Act tiene menos posibilidades de aprobación que la AgJobs porque los jóvenes indocumentados no representan un incentivo electoral para que los republicanos acepten erogar capital político.

En contraste, analistas coinciden en que AgJobs goza de más probabilidades de aprobación en 2007 porque muchos legisladores reciben presiones de empresarios de sus distritos, en especial en estados agrícolas, que están afectados por la falta de mano de obra.