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El juez octavo penal, José Antonio Ortega, determinó el auto de formal prisión contra el sacerdote con licencia, Rodolfo Yánez González, por el delito de abusos deshonestos contra seis mujeres, dos de ellas menores de edad.
Aclaró que el párroco católico gozará de su libertad, hasta que el juez de distrito revoque la suspensión de la orden de aprehensión, luego de que le concedió el amparo 672/2008, el pasado 7 de mayo, y se le fijó una garantía por la cantidad de tres mil pesos.

Ortega consideró que existían elementos suficientes para decretar el auto de formal prisión al justificarse el cuerpo de delito y la probable responsabilidad, aunque aún existe la posibilidad de que las abogadas del sacerdote apelen la decisión.

'Esto implica que es una resolución de carácter provisional. A partir de este momento se inicia el proceso penal, donde las partes, tanto el Ministerio Público como el órgano de la defensa, tendrán todas las posibilidades de ofrecer los medios de prueba, para al final poder llegar a dictar una sentencia', explicó.

Este auto de formal prisión ya se notificó al director del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José El Alto, así como al juez de distrito que conoció del juicio de amparo y falta comunicarlo a los abogados del cura católico.

'El juez de distrito tiene que tomar la resolución, ellos me comunican y a partir de ahí estaré en condiciones (de aplicar el auto de formal prisión), yo diría en 15 días, una cosa así', explicó.

El proceso contra el cura puede durar hasta un año, porque se tiene un periodo de pruebas de nueve meses, sin embargo, insistió que el delito de abusos deshonestos no se considera grave, por lo que se le puede fijar una fianza al sacerdote.

El pasado 8 de mayo reapareció el sacerdote católico, al presentarse a declarar al Juzgado Octavo Penal, acompañado de sus abogadas.

A la salida del juzgado, ubicado a un costado del Cereso de San José El Alto, el párroco dijo sentirse tranquilo y ser inocente de las acusaciones de abusos deshonestos.

Yánez González es acusado de abusos deshonestos en agravio de seis mujeres, dos de ellas menores de edad, que acudían a la iglesia de Corpus Christi, donde oficiaba el sacerdote.