Especialistas temen Gobierno adopte medidas represivas en lucha contra la delincuencia

Previo al análisis que realizaron los académicos, la escritora e integrante del grupo de ciudadanos que convocaron al foro Seguridad en Democracia, Sara Sefchovich, explicó que la intención de realizar este tipo de eventos tiene la finalidad de contribuir a la discusión sobre el tema.

Los ciudadanos promotores del foro, dijo, comparten, entre otros objetivos, el conseguir que la seguridad en la democracia se convierta en política de Estado, en la que se respeten derechos humanos y soberanía.

En este punto coincidió el presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo, quien comentó que entre más se involucra la sociedad en estos temas, crece la posibilidad de que las reformas que se hagan sean de corte democrático y no autoritario.

Y, por lo mismo, dijo, se viene proponiendo la creación de un centro de estudios para civiles, en el que se formen y especialicen a personas ajenas al gobierno, en el manejo y construcción de políticas públicas en materia de seguridad.

La intención, precisó, es que de la propia sociedad salgan los nuevos titulares, por ejemplo, de las policías.

El investigador de la UNAM Eduardo Correa Senior pidió tener en cuenta el caso de Colombia, en donde las reformas en materia de seguridad estuvieron encaminadas a crear un sistema de justicia autoritario. Y, en su opinión, México está tendiendo a seguir esa ruta.

Y un ejemplo de esto, dijo, es que se está criminalizando la protesta y se incurrió en el error de militarizar la lucha contra el narcotráfico.

Estos dos puntos también fueron criticados por el especialista del Colegio de México, René Jiménez, quien destacó el hecho de que el gobierno ha recurrido a medidas desesperadas, como plantear la prisión perpetua para ciertos delitos.

En su turno, el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Moisés Moreno, dijo que diversas agencias extranjeras buscan que en el país se apliquen políticas penales represivas, para solucionar la inseguridad.

Esta situación, explicó, no es nueva, pues es una política que ha sido impulsada por agencias extranjeras en Latinoamérica, desde los 80.

El también especialista en derecho penal advirtió que las medidas represivas no son compatibles con la democracia, porque ponen en riesgo las garantías de la población.

Mientras que el periodista y analista Luis Hernández Navarro denunció que la ley se ha convertido en la actualidad en una herramienta para combatir a luchadores sociales.

Como ejemplo, recordó que Amnistía Internacional calificó de decepcionante la actuación del gobierno mexicano en la defensa de derechos humanos, en especial por los casos Atenco, Oaxaca y Michoacán.