La Jornada
El sistema mexicano en materia de seguridad "está agotado", afirman expertos
Culiacán, Sinaloa.- La lucha contra el narcotráfico y las pugnas entre las organizaciones delictivas relacionadas con esta actividad provocarán más víctimas, porque "la curva delictiva no ha llegado a su tope", afirmó aquí Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

El funcionario federal estuvo en Culiacán acompañado por el gobernador del estado, Jesús Aguilar Padilla, con la finalidad de leer un mensaje acerca del segundo Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón.

Más tarde, en conferencia de prensa, Medina Mora criticó que "por muchos años hemos visto, en México y en Sinaloa, a la delincuencia como algo normal, a lo ilícito como algo legítimo, como una forma lógica, natural, de ganarse la vida".

En ese contexto, indicó que "tenemos que reconstruir el tejido social para rescatar la cultura de lo lícito y adoptar la cultura de la legalidad y la responsabilidad ciudadana".

A pregunta expresa, el procurador general de la República señaló que la pérdida de "una vida, sea la de quien sea, es muy lamentable y nadie puede festejar la violencia, nadie puede estar en la lógica de que las bajas son entre los delincuentes. la violencia no es buen indicador, es una expresión de estos grupos que han tenido impunidad en un tiempo; me parece muy importante que la sociedad de Sinaloa recupere su actividad, el control de su propio espacio territorial".

  • PGR en foro sobre criminalidad celebrado en Guanajuato
Al inaugurar el Tercer Congreso Internacional de Política Criminal y Prevención del Delito, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, afirmó que "tolerar la ilegalidad, desde pasarse los altos en las calles hasta sobornar a un servidor público, es abrir las puertas a las manifestaciones criminales más graves", y sostuvo que "la prevención no es tarea exclusiva de la autoridad".

En su discurso, Medina Mora señaló que "las comunidades seguras no se construyen con más policías", aunque manifestó que es necesario tener agentes "confiables, que operen con procedimientos y sistemas, con indicadores y mecanismos de supervisión, y con un sistema de incentivos adecuadamente articulado para la efectividad".

El titular de la PGR defendió el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el pasado 21 de agosto por los tres órdenes de gobierno y los poderes de la Unión; señaló que ese pacto "es verdaderamente nacional" y tiene "objetivos y metas muy concretas, tiempos claros de cumplimiento y responsables definidos para cada meta y actividad comprometida".

Sostuvo que "el acuerdo será un aliciente más" para "acelerar y hacer más eficaz la coordinación indispensable entre los gobiernos federal, estatal y municipales" con la finalidad de resolver la demanda social de justicia y seguridad.

Asimismo, indicó que "la prevención no es tarea exclusiva de laautoridad, ya que va de la mano de la construcción de una verdadera cultura de la legalidad y del fomento de la participación ciudadana, que es elemento central, constitutivo de la seguridad".

Agregó que la tarea de la autoridad "es doble: fortalecer al Estado en su capacidad de prevenir el delito, perseguirlo y castigarlo eficazmente y, al mismo tiempo, construir ciudadanía, entendida como una relación entre las personas y el Estado, con derechos y obligaciones recíprocos, explícitos y aceptados por todos".

En ese contexto, Irving Waller, director del Instituto para la Prevención del Crimen en la Universidad de Ottawa, Canadá, consideró que en México se aplican modelos equivocados, e instó a "aplicar políticas duras" en materia de salud, desarrollo social y atención a los jóvenes, así como la creación de un "centro de responsabilidad" que permita tener información certera de los delincuentes con el propósito de disminuir en 50 por ciento el número de homicidios que se cometen, como ocurrió en años pasados en Bogotá, Colombia, al aplicar una estrategia que "va directamente a la causa" de la criminalidad.

Waller, al igual que el investigador mexicano Julián Gudiño Galindo, señaló que el sistema que aplican las autoridades del país en materia de seguridad pública y combate al crimen "está agotado", porque no resuelve "de manera profunda las causas que originan los altos índices de criminalidad".

En el encuentro, Alvaro Vizcaíno, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, aseguró que el Estado podría "ahorrarse" 4 mil 500 millones de pesos semestrales si los 90 mil presos por delitos patrimoniales, como podrían ser robos por cantidades menores a 5 mil pesos, fueran juzgados mediante el nuevo sistema de impartición de justicia.

Explicó que los 4 mil 500 millones de pesos resultan de multiplicar 90 mil por el costo diario que significa un preso para el erario, que es de casi 165 pesos, más los 12 mil 500 mensuales que gastan las autoridades en la integración y desahogo de los procesos penales.

Agregó que una de las bondades del nuevo sistema de impartición de justicia, mejor conocido como juicios orales, desahogaría 70 por ciento de los asuntos de los que actualmente conocen las procuradurías de justicia, ya que cada caso podría ser resuelto por otros medios, como la justicia alternativa, lo que también desahogaría a los juzgados de carga de trabajo.